La Justicia de Estados Unidos anuló la condena de u$s16 mil millones contra Argentina por la estatización de YPF
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó este viernes la sentencia de primera instancia en el extenso juicio por la estatización de YPF que condenaba a la Argentina a pagar una cifra superior a los 16 mil millones de dólares. El fallo representa un triunfo histórico para el país en el mayor juicio que enfrentaba en un tribunal extranjero.
La decisión del tribunal ratificó que la petrolera estatal fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de estatización llevado a cabo en 2012. La condena original había sido dictada por la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York en 2023, quien consideró que se había violado el estatuto de la compañía al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios, representados por los fondos Eton Park y Burford.
El proceso judicial había comenzado en 2015 y tuvo su punto más crítico en 2023 con la condena inicial. La resolución de la Cámara de Apelaciones llegó después de una intensa etapa de apelación que tuvo su jornada clave en octubre de 2025, durante una audiencia que se extendió por 96 minutos ante los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson.
Los representantes legales del Estado argentino presentaron una estrategia sólida basada en tres pilares fundamentales, con el objetivo de lograr la anulación total de la sentencia o un recorte drástico en los montos compensatorios. El planteo central, sostenido por diversas administraciones incluyendo las de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, defendía que la jurisdicción adecuada para tratar este conflicto era la Justicia argentina y no los tribunales estadounidenses.
La defensa argentina argumentó que un tribunal local debía determinar la jerarquía normativa entre la ley de expropiación, que permitió estatizar el 51% de la firma, y los estatutos internos que obligaban al lanzamiento de una OPA al superar el 15% del paquete accionario. También se presentó un argumento técnico que señalaba errores en la interpretación de la normativa local por parte de la jueza Preska, inconsistencias que fueron determinantes para que los magistrados de alzada revisaran el fallo inicial.
Se trataba del mayor juicio que enfrentaba el país en un tribunal en el exterior y la demanda más grande en la historia de los Estados Unidos contra un Estado soberano. El gobierno de Donald Trump, mediante el Departamento de Justicia, se había pronunciado varias veces en las últimas semanas a favor de Argentina, lo que también influyó en el desarrollo del caso.
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