Weretilneck evalúa cambiar la fecha electoral tras quedar afuera de las negociaciones con Nación

La derrota electoral de octubre pasado sigue teniendo consecuencias para el gobierno de Alberto Weretilneck. Tras perder representantes en el Congreso, Río Negro quedó excluida de las negociaciones que la Casa Rosada mantiene con gobernadores afines para definir la estrategia electoral del próximo año, especialmente sobre la eliminación de las PASO. El gobernador había reconocido aquella noche en Cipolletti, notablemente abatido, que "se impuso la nacionalización", consciente del impacto que tendría para su proyecto futuro.

Hoy, el gobierno nacional negocia únicamente con aquellos mandatarios que tienen diputados y senadores para votar las reformas del período mileista. Aunque Weretilneck conserva buenos canales de comunicación institucional que le valieron los avales de Economía para aprobar créditos BID, acceso a financiamiento de la CAF y anticipos de coparticipación, en la disputa por el poder Río Negro quedó relegada. Por eso, el gobernador ensaya diferentes escenarios electorales aprovechando su principal herramienta: disponer la fecha de votación y su formato. Lo que hasta hace poco no estaba en duda -votar en marzo- ahora es una incógnita que la oposición lee como debilidad.

El oficialismo observa con preocupación el andar opositor. El peronismo se muestra unido, una anomalía en los últimos años, mientras que los libertarios se nutren de ex PRO y ex Juntos. Podría repetirse la elección de tercios de octubre, con la disputa entre los bandos de la grieta nacional. El pase de la legisladora barilochense Marcela Abdala a La Libertad Avanza generó una señal de alerta en Juntos, mostrando un camino para dirigentes disconformes con la nueva etapa de JSRN. Hay charlas de componentes del oficialismo con el senador Enzo Fullone y con Aníbal Tortoriello. El gobierno necesita una fecha que no se "contamine" con el debate nacional y se concentre en la definición provincial.

Antes de la elección provincial hay una estación previa en Bariloche, donde en noviembre se eligen convencionales constituyentes. Aunque existían preparativos para una alianza entre el intendente Walter Cortés y Weretilneck, la última semana sufrió un sacudón. Cortés decidió arremeter contra la Cooperativa Eléctrica (CEB) y el Cerro Catedral, asegurando que podría quitarle la concesión del Cerro a CAPSA y discontinuar el convenio con la CEB, a partir de críticas de trabajadores y vecinos. "Está en su prime", aseguró un funcionario municipal, graficando el momento del intendente que decide dar cada batalla como la última, reforzando ese perfil disruptivo que lo asemeja al Presidente.

Sin embargo, Weretilneck tuvo que salir a frenar algunas ideas del líder sindical, recordando que la CEB tiene una concesión provincial y no hay forma de que el Municipio elimine ese vínculo. El gobernador citó a la Constitución para discrepar con Cortés, evitando polemizar porque nadie sabe hasta dónde escalaría el conflicto. CAPSA, que administra Catedral, es de la familia Trappa, con aceitado vínculo con Weretilneck, mientras que la CEB es dirigida por el radicalismo, con Alejandro Pozas a la cabeza, hombre incondicional de Daniel Sartor, uno de los gestores del acercamiento de la UCR a Juntos.

En materia de gestión, los problemas persisten tras el mundial. El lunes se retoma el ciclo lectivo tras el receso invernal, pero sin normalidad: la UnTER dispuso un paro de 48 horas. En algunos establecimientos no habrá clases por adhesión docente y en otros por falta de arreglos. El tironeo entre el gremio docente y el gobierno se intensificó con el cambio en la conducción sindical. La administración provincial refuerza su política de descuentos salariales a maestros que adhieren a medidas de fuerza, lo que reduce la protesta. La pérdida del presentismo, sumada al endeudamiento con mutuales y financieras, produce un empobrecimiento casi total, con muchos docentes cuyos fondos son absorbidos apenas comienza el cronograma de pagos. Gremios como ASSPUR y UPCN alimentan en redes sociales críticas permanentes a la política salarial. El gobierno conoce que la gestión no es buena, pero nota que por ahora no hay protesta que lo incomode, síntoma de estos tiempos de desmovilización.