Weretilneck apuesta fuerte con el traspaso de rutas nacionales en pleno año electoral

El gobernador Alberto Weretilneck asumió un desafío de alto riesgo político al firmar el traspaso de rutas nacionales a la provincia, en un contexto de desidia del gobierno nacional frente al deterioro vial. "Vamos por la épica", declaró al rubricar el convenio, consciente de que las chances de éxito son limitadas y que desde ahora no podrá quitarse responsabilidades sobre el estado de las vías.

Desde el jueves, cuando la Legislatura ratifique el convenio con Nación, comenzará a correr el reloj para el Gobierno provincial. La provincia recibirá los tramos de las rutas 22 y 151 por etapas, con la expectativa de contar con un crédito de FONLAPA por 60 millones de dólares para obras y reparaciones en 305 kilómetros. Este financiamiento se suma a los dos millones del BID y engrosa la deuda que originó el Plan Castello. Sin embargo, surgen dudas sobre la disponibilidad de empresas para licitar, especialmente porque existen tramos con adjudicaciones de obras que nunca fueron concluidas, y a nivel nacional al gobierno de Javier Milei le cuesta concesionar vías por falta de interés de compañías en lugares que no son rentables.

La oposición afina la mirada sobre quiénes serán los empresarios interesados y sobre los números del financiamiento. Según un trabajo del equipo técnico de Nuevo Encuentro, los 60 millones de dólares anunciados para los 305 kilómetros de la primera etapa de las rutas 22 y 151 equivalen a unos 197.000 dólares por kilómetro. En contraste, el Gobierno anunció para Viedma la repavimentación de aproximadamente 5 kilómetros de las rutas provinciales 1 y 51, donde la oferta más baja asciende a 5.403 millones de pesos, equivalente a unos 3,53 millones de dólares al tipo de cambio oficial del Banco Nación de esta semana (1.530 pesos), lo que representa aproximadamente 706.000 dólares por kilómetro. Esta diferencia genera cuestionamientos.

El problema de fondo radica en que Nación delega la administración vial sin los recursos correspondientes, una metodología similar a la que utilizó el menemismo al transferir la educación a las provincias sin fondos. Así, el tesoro central mantiene superávit mientras los estados subnacionales acumulan deuda. Ya nada queda de aquel duro posicionamiento de Weretilneck cuando amenazaba junto a los gobernadores patagónicos con cortar los suministros de gas, petróleo y energía eléctrica a Buenos Aires si no se revertía el recorte de Milei a la coparticipación, un tema que no solo no se arregló sino que empeoró.

El senador Martín Soria, con fuertes críticas a la administración nacional y los gobiernos provinciales, presentó en el Congreso un proyecto para modificar la ley del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y garantizar los fondos a los distritos que aceptaron la transferencia. Por su parte, su hermana María Emilia Soria respalda la delegación de las rutas, aunque recientemente comenzó a reclamar los fondos nacionales correspondientes. Además, envió a su bloque Vamos con Todos a cuestionar la falta de recursos y pidió a sus legisladores que reclamen también por las rutas 23, 40 y 3 en territorio rionegrino, buscando mostrar una mirada integral de la provincia y evidenciar que la administración Weretilneck prioriza la región del Comahue, especialmente Cipolletti.

El Gobierno evalúa que entre la aprobación del financiamiento internacional, las licitaciones, adjudicaciones y algún avance, será difícil mostrar logros en la campaña electoral. Quizás pueda inaugurar la polémica rotonda de Choele Choel y declarar otro "día histórico". Weretilneck se encargó de juntar consenso político en esta apuesta y espera socializar las críticas con intendentes y legisladores, entre ellos varios peronistas como Soria y Daniela Salzotto de Catriel, activista de la reparación de la ruta 151, además de la UCR y la CC-ARI que respaldaron el traspaso. El conglomerado libertario celebró el acuerdo pero advirtió que ahora es responsabilidad provincial.

El legislador Facundo López salió a frenar el agite electoral asegurando que "la oposición quiere apresurar tiempos y la verdad es que la gente lo único que nos pide es que resolvamos los problemas". Y declaró: "La campaña de Juntos Somos Río Negro, es la gestión". Sin embargo, las encuestas indican que los rionegrinos valoran poco la administración y reclaman mejoras en servicios públicos, particularmente seguridad y salud.

También acelera el pulso electoral la elección de Bariloche. Esta semana se comenzaron a debatir en el fuero electoral las alianzas, con algunos intentos de impugnación que pasaron sin mayores alteraciones. Walter Cortés está confiado en que su figura se consolidó y evalúa que no tendrá problemas en su eventual reelección, aunque advierte que los barilochenses quieren discutir sobre la nueva Carta Orgánica, un proceso más "técnico". Evalúa que el armado libertario "es bueno" para la elección de convencionales constituyentes y advierte que será una compulsa reñida. Por eso, quiere politizar el debate al máximo centrando la campaña en achicar el Concejo Deliberante, y decidió no tocar el capítulo electoral: Bariloche no modificará su fecha de elección.

El dato no es auspicioso para el Gobierno. En Juntos se especuló con modificar ese punto en la Carta Orgánica para alinear las elecciones locales a la provincial. Ahora, si Bariloche no puede ser alineada, el oficialismo deberá pensar qué otras ciudades pueden ir en la misma fecha, además de Cipolletti. En el peronismo también diseñan estrategias: Roca irá casi seguro después de las provinciales, mientras los intendentes que tienen reelección deberían encolumnarse y quienes no, jugar fuerte la sucesión, todos el día de la elección provincial.