Vamos con Todos respaldó el pase a planta pero acusó al gobierno de «electoralismo»

El bloque Vamos con Todos acompañó con su voto el proyecto de ley que dispone el pase a planta permanente de alrededor de 4.200 trabajadoras y trabajadores contratados del Estado provincial, por entender que se trata de un derecho largamente postergado y de un acto de reparación para quienes durante años sostuvieron el funcionamiento del Estado en condiciones de precariedad. Sin embargo, advirtieron que esta decisión llega con tres años de demora por exclusiva responsabilidad del gobernador Alberto Weretilneck, quien mantuvo congelada una iniciativa de similares características para desempolvarla ahora, a pocos días de las elecciones, en un claro gesto de electoralismo y demagogia.

La legisladora Magdalena Odarda expresó durante el debate que "el derecho a la estabilidad del empleo público es un derecho consagrado en la Constitución Nacional; no es un regalo ni un obsequio para los trabajadores y trabajadoras, sino el ejercicio liso y llano de un derecho constitucional". Desde el bloque remarcaron que la estabilidad laboral no puede ser utilizada como una herramienta de campaña ni como moneda de especulación política, y que los derechos de los trabajadores no deben depender del calendario electoral.

Al mismo tiempo, Vamos con Todos señaló que la estabilidad laboral debe ir acompañada de condiciones de trabajo dignas. Mientras el Gobierno intenta presentar este anuncio como un logro, la realidad cotidiana de miles de empleados estatales sigue marcada por el abandono: oficinas públicas funcionando en condiciones indignas, sedes del IPROSS sostenidas con pallets, escuelas deterioradas e inhabitables, hospitales sin insumos y organismos que sobreviven gracias al enorme esfuerzo de sus trabajadores. El presidente del bloque, José Luis Berros, sostuvo que "esto tiene que ser un puntapié inicial. No alcanza con el pase a planta: los hospitales, las escuelas y todos los organismos del Estado deben contar con las herramientas necesarias para que los trabajadores puedan brindar un servicio como corresponde".

A esa situación se suma una política salarial que condena a las familias estatales a la pérdida permanente de poder adquisitivo: salarios de hambre, sumas no remunerativas, aumentos por debajo de la inflación y niveles de endeudamiento que golpean la economía de miles de hogares rionegrinos. La legisladora Ayelén Spósito recordó que "desde 2023 la caída del salario real ronda entre el 20 y el 25 por ciento; cada día cuesta más llegar a fin de mes y las familias atraviesan niveles de endeudamiento nunca antes vistos". Por eso, sostuvo que el pase a planta debe complementarse con paritarias que le ganen a la inflación, mejores condiciones laborales y una verdadera política de recuperación salarial.

El legislador Luciano Delgado Sempé, trabajador estatal, recordó que "la incertidumbre de no saber si al día siguiente se renueva el contrato impide incluso proyectar la vida", y advirtió sobre otra deuda pendiente: "hay trabajadores que tienen cerca del 60 por ciento de su salario en negro; eso perjudica sus jubilaciones, sus licencias y las pensiones de sus familias. También hay que poner todo el sueldo en blanco". Asimismo, el proyecto deja sin resolver otras formas de precarización laboral que el propio Gobierno continúa utilizando, como las contrataciones mediante horas cátedra y otros mecanismos discrecionales que funcionan como herramientas de premio, castigo o asignación de adicionales por responsabilidad funcional.

Desde Vamos con Todos también exigieron que el proceso de pase a planta se desarrolle con absoluta transparencia y sin ningún tipo de condicionamiento político. En una provincia donde el Gobierno ha perseguido a trabajadores por su participación política, monitoreando redes sociales, profundizando controles excesivos sobre presentismo y licencias e implementando costosos sistemas de vigilancia, existe una preocupación legítima sobre posibles presiones o discriminaciones. Odarda insistió en la necesidad de avanzar con una ley específica que proteja a las y los trabajadores frente a cualquier tipo de persecución o arbitrariedad, ya que la falta de estabilidad laboral también constituye una forma de violencia laboral. El bloque consideró inadmisible que se destinen millones de pesos a mecanismos de control y persecución mientras se niegan recursos para mejorar los salarios, las condiciones laborales y el funcionamiento de los servicios públicos.