Vamos con Todos pidió a la Fiscalía de Estado que accione contra Camuzzi por incumplir ley que prohíbe cortes de servicios

El bloque legislativo Vamos con Todos presentó una acción administrativa ante el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, para que promueva las acciones judiciales necesarias contra la empresa Camuzzi Gas del Sur y garantice el cumplimiento efectivo de la Ley 5860, que prohíbe los cortes de gas, electricidad y agua en Río Negro a jubiladas, jubilados, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad.

La presentación, suscripta por los legisladores José Luis Berros y Magdalena Odarda, reclama además una medida cautelar urgente para impedir que la empresa continúe negando derechos mientras desconoce una ley plenamente vigente. Desde el bloque señalaron que la actitud de Camuzzi constituye un hecho de enorme gravedad institucional, ya que la empresa comunicó formalmente al Gobierno provincial que no acatará una ley sancionada por la Legislatura y promulgada por el propio Poder Ejecutivo. Frente a ese escenario, advirtieron que el silencio y la inacción del Gobierno de Alberto Weretilneck resultan inadmisibles.

"No existe mayor acto de debilidad política que permitir que una empresa monopólica le diga al Estado rionegrino qué leyes está dispuesta a cumplir y cuáles no. Si el Gobierno provincial no actúa de inmediato, estará siendo cómplice de un atropello institucional y del abandono de miles de familias que hoy necesitan la protección del Estado", afirmó José Luis Berros. Los legisladores recordaron que la Ley 5860 fue aprobada por amplia mayoría en la Legislatura y promulgada por el propio Poder Ejecutivo, por lo que ninguna empresa puede arrogarse la facultad de dejarla sin efecto por decisión propia.

Según las denuncias presentadas por centros de jubilados, cooperativas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Camuzzi se niega a entregar los formularios de declaración jurada previstos por la norma y rechaza otorgar el beneficio a los usuarios alcanzados por la protección legal. "Estamos hablando de jubilados que deben elegir entre comprar medicamentos o pagar una factura de gas; de personas con discapacidad y de familias que atraviesan una situación desesperante. Mientras crece la pobreza como consecuencia de las políticas nacionales, en Río Negro una empresa pretende quitarles el derecho a calefaccionarse en pleno invierno y el Gobierno mira para otro lado", sostuvo Magdalena Odarda.

Desde Vamos con Todos remarcaron que, si Camuzzi considera que la ley contradice el marco normativo nacional, debe acudir a la Justicia y obtener una declaración de inconstitucionalidad. Mientras eso no ocurra, la ley debe cumplirse sin excepciones. "Las leyes no son optativas. No puede existir una provincia donde una empresa privada decida qué normas respeta y cuáles ignora. Si se acepta este precedente, mañana cualquier corporación podrá desconocer las decisiones democráticas de la Legislatura. Eso significa renunciar a la soberanía institucional de Río Negro", sostuvo Berros.

El bloque también cuestionó la falta de reacción del Ejecutivo provincial frente al incumplimiento de una norma que él mismo promulgó. "El Gobierno de Weretilneck tiene la obligación constitucional de defender las leyes de Río Negro y a su pueblo. Si permite que Camuzzi continúe incumpliendo la Ley 5860, estará eligiendo defender los intereses de una empresa monopólica por encima de los derechos de los jubilados y de los sectores más vulnerables. Ese no puede ser el rol de un Estado democrático", expresó Odarda.

Finalmente, los legisladores exigieron que la Fiscalía de Estado impulse de manera urgente las acciones judiciales correspondientes y obtenga una medida cautelar que obligue a Camuzzi a cumplir la ley en todo el territorio provincial. "Esta pelea no es solamente por una ley. Es una pelea por la dignidad de quienes no pueden afrontar tarifas impagables, por el respeto a las instituciones democráticas y por la defensa de la autonomía de Río Negro. El Gobierno tiene que decidir de qué lado está: del lado de una empresa monopólica o del lado de su pueblo", concluyeron los legisladores.