UnTER rechaza el operativo de inspecciones y la exigencia del 75% de cobertura durante el paro docente nacional

El paro docente nacional que se llevó a cabo este lunes 3 de agosto desató una controversia que va más allá de los reclamos salariales habituales: el Gobierno nacional intenta aplicar por primera vez de manera amplia la exigencia de garantizar al menos el 75% del servicio educativo durante las medidas de fuerza, mientras los sindicatos denuncian que ese piso anula en la práctica el derecho a huelga. UnTER se sumó al rechazo planteado por CTERA y cuestionó duramente el operativo de inspecciones anunciado por el Ministerio de Capital Humano para las escuelas de todo el país.

El gremio rionegrino sostuvo que la medida busca "disciplinar, desmovilizar y vulnerar las libertades sindicales" de los trabajadores de la educación. La controversia surge por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, publicada en marzo, cuyo artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró esenciales el cuidado de menores y la educación inicial, primaria, secundaria y especial. Para esas actividades, la norma estableció que la cobertura durante una huelga no podrá ser inferior al 75% de la prestación habitual.

El Ministerio encabezado por Sandra Pettovello informó que realizará una inspección "muestral" en escuelas de todo el país para verificar que los gremios convocantes respeten la cobertura mínima. El comunicado oficial advierte que cuando se detecten incumplimientos se activarán los mecanismos previstos para aplicar sanciones. Aunque reconoce que la administración de las escuelas corresponde principalmente a las provincias, sostiene que la Nación debe garantizar el derecho a la educación dentro de sus atribuciones. Pettovello agregó que el Consejo Federal de Educación reunió a su comité ejecutivo ampliado para coordinar el control de la jornada y articular la inspección nacional, afirmando que "el compromiso es con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual".

Desde Río Negro, UnTER rechazó de manera "enérgica y categórica" el planteo nacional. Para el sindicato, la educación no puede ser tratada como un servicio comercial cuya actividad se mide mediante porcentajes. En su comunicado sostuvo que imponer una cobertura del 75% "desnaturaliza el sentido de la educación" y transforma los establecimientos en "guarderías de contingencia". "El derecho a huelga es una herramienta histórica, no un servicio transaccionable", expresó la conducción provincial, que sostuvo que las medidas de fuerza son una de las pocas herramientas disponibles para reclamar salarios, edificios seguros, comedores adecuados y mejores condiciones para enseñar y aprender.

UnTER calificó la política nacional como inconstitucional y aseguró que contradice el derecho a huelga reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución y en convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, el comunicado no menciona una sentencia que haya dejado sin efecto la Ley 27.802 ni una decisión judicial que impida al Gobierno intentar aplicarla. La norma se encuentra vigente desde su publicación en el Boletín Oficial, aunque su aplicación abre interrogantes operativos y legales: quién debe garantizar el 75%, cómo se mide ese porcentaje, qué autoridad puede ingresar o inspeccionar una escuela provincial y sobre quién recaerían las eventuales sanciones.

Capital Humano atribuye la responsabilidad a las "entidades gremiales que convocan al paro", pero la apertura de los establecimientos, la designación del personal y la conducción cotidiana del sistema dependen de cada jurisdicción. UnTER dirigió su mensaje tanto al gobierno de Javier Milei como a la administración de Alberto Weretilneck, señalando que la Provincia no puede desligarse de sus responsabilidades presupuestarias ni trasladar a los docentes la explicación de la crisis educativa. El gremio advirtió además que la aplicación de este criterio en las escuelas podría convertirse en un antecedente para otras actividades declaradas esenciales: "La arremetida contra la docencia es la prueba piloto para flexibilizar y cercenar el derecho a la protesta de todos los trabajadores".