Un juez de Faltas denunció que el Municipio no infracciona a comercios que ocupan veredas ilegalmente en Bariloche

El juez de Faltas municipal Gustavo Contín realizó fuertes cuestionamientos sobre la falta de controles efectivos respecto a la ocupación irregular de veredas por parte de comercios gastronómicos en Bariloche. "Lamentablemente se ha desmadrado un poco el tema de la ocupación de los espacios públicos y en el caso específico de las veredas es muy notorio", afirmó en diálogo con Voz Radio, luego del episodio protagonizado por Pablo Noves, referente de personas con discapacidad visual, quien denunció haber sido increpado por el dueño de un restaurante en la esquina de Moreno y Urquiza mientras filmaba barreras arquitectónicas.

Según explicó Contín, Bariloche cuenta con normativa vigente para regular el uso de la vía pública, específicamente la ordenanza 1191/2002 modificada en 2016, que establece que la Dirección de Habilitaciones es la encargada de otorgar permisos a los frentistas. La norma exige condiciones claras: dejar un paso mínimo de 2 metros entre el límite de la propiedad y las mesas, y que las instalaciones sean móviles y de fácil remoción. Sin embargo, el magistrado advirtió que la realidad muestra otra cosa: "Se ha dado ahora que hacen prácticamente construcciones que son prolongaciones de los locales".

El caso más emblemático, según el juez, es el del comercio ubicado en Moreno y Urquiza, que ya tuvo actuaciones en el Tribunal de Faltas en 2021 por un cerramiento sobre calle Moreno. "Eso culminó con una sentencia, una condena y le hicimos modificar lo que había construido. Pagó la multa, pero después hizo lo mismo sobre calle Urquiza y eso sí que es un desastre porque ahí no dan las medidas", sostuvo Contín. El magistrado detalló múltiples irregularidades: la estructura está sobre la ochava, expresamente prohibido, invade la senda reservada para personas con discapacidad, y las distancias medidas son de 1,12 y 1,30 metros cuando el mínimo exigido son 2 metros. Además, señaló que se trata de un cerramiento fijo y que tienen montados "dos lugares, uno para despachar helados y el otro como una cafetería, que eso está absolutamente prohibido en la vía pública".

Lo más grave, según Contín, es que pese a las constataciones de irregularidades, no se labraron actas de infracción. "Yo hice un pedido de informes a Inspección General diciendo que hagan una inspección y que, en caso de que detecten que esté mal, se labren las actas de constatación. Me mandan un acta de constatación donde consta que está mal, pero no hacen acta de infracción", relató. El juez fue contundente: "Yo creo que está tranquilo porque no lo quieren infraccionar. Esa es la realidad". Además, indicó que el comercio no tiene habilitación comercial definitiva, solo una precarga. "Se nota claramente que hay una tendencia de proteger a este comercio en particular", afirmó.

Contín explicó que como juez puede actuar de oficio, aunque prefiere no hacerlo para no suplantar funciones de los inspectores, pero advirtió que si ingresa una denuncia formal, el expediente se resolverá prontamente. El magistrado reveló que este tema le trajo inconvenientes personales: "La vez anterior, por pedir informe nada más, el comerciante me hizo una denuncia penal diciendo que lo persigo". El juez vinculó esta situación con un problema más amplio: "Se ha instalado un criterio de no cumplir con la ley, que cada cual hace la ley o la interpreta como le conviene y, como no hay controles, tampoco hay sanciones, entonces va cayendo en un camino de tierra de nadie".

Contín también mencionó otros casos conflictivos en la ciudad: un comercio en Mitre y Rolando con un deck mal instalado, una estructura frente a ese lugar con orden de demolición pendiente, y la ocupación notoria en calle Elflein y el Paseo de la Montaña sobre Juramento. El juez indicó que algunos casos le fueron señalados por el secretario de Turismo, Eric Guzmán. El episodio denunciado por Pablo Noves expuso con crudeza esta desigualdad: un vecino que intentaba mostrar una barrera urbana terminó denunciando una agresión verbal y el cuestionamiento de su discapacidad, lo que generó repudio en redes sociales y un pronunciamiento del Consejo Local Consultivo para las Personas con Discapacidad.