Tribunal de Faltas ordenó a La Esquina Patagónica retirar el deck y pagar multa de $1,4 millones

El Tribunal Municipal de Faltas de Bariloche ordenó a La Esquina Patagónica retirar las estructuras instaladas sobre el espacio público en la esquina de Moreno y Urquiza, y le aplicó una multa de $1.393.901 por utilizar la vereda sin autorización. La sentencia, firmada el 28 de julio por el juez de Faltas Gustavo Contín, pone fin a semanas de polémica por la ocupación de las veredas en el centro de la ciudad.

El fallo alcanza a las mesas, bancos, sillas, módulos, el deck cubierto y un equipo de aire acondicionado colocado sobre esa estructura. El comercio tendrá cinco días desde la notificación para liberar el sector. La decisión advierte que, si la orden no se cumple, el Municipio podrá disponer la clausura preventiva del establecimiento y retirar los elementos con personal propio, quedando los costos de ese procedimiento a cargo de la empresa.

La inspección realizada el 28 de julio constató la presencia de cuatro módulos con mesas y bancos sobre la calle Urquiza y otros cinco sobre Moreno. También se verificó la existencia de un deck cubierto, un equipo de aire acondicionado apoyado sobre el techo de esa estructura y dificultades para mantener libre la circulación en la esquina. El fallo señaló además que la instalación no respetaba la distancia exigida respecto de la cartelería municipal ni el espacio correspondiente a la ochava, el sector que debe permanecer despejado en las esquinas para mejorar la visibilidad y permitir el paso seguro.

El comercio había sostenido que contaba con autorización municipal. Sin embargo, el Tribunal concluyó que no existía un permiso previo para instalar mesas, sillas ni el deck en la vía pública. "Surge de las pruebas colectadas la ausencia de autorización, lo que de ninguna manera puede ser suplido por una consulta", estableció el juez en la resolución. La sentencia recordó que este tipo de autorización debe ser solicitada y concedida antes de ocupar la vereda, para que las áreas municipales puedan verificar si la instalación respeta las medidas, distancias y condiciones establecidas por la normativa.

Durante su defensa, La Esquina Patagónica planteó que quienes habían denunciado la situación no estaban legitimados para intervenir y cuestionó distintos detalles de la presentación. También mencionó la existencia de otros establecimientos que, según su postura, se encontrarían en condiciones similares por ocupar el espacio público sin autorización o exceder los límites permitidos. El juez rechazó esos argumentos, explicando que las personas que realizaron la denuncia no eran parte del proceso, sino que su presentación había funcionado como un elemento para que el Tribunal iniciara la investigación.

Uno de los antecedentes que agravó la situación fue una sentencia dictada en 2022 contra la firma que explotaba anteriormente el establecimiento. En aquella oportunidad, el Tribunal había ordenado retirar de manera inmediata mesas y sillas colocadas en el espacio público sin autorización. Según la nueva resolución, esa orden no fue cumplida. El fallo sostuvo que, lejos de retirar los elementos, la ocupación avanzó con la incorporación de nuevas estructuras que terminaron obstruyendo la circulación.

El Tribunal aplicó dos sanciones que, sumadas, alcanzan los $1.393.901. Una parte corresponde a la ocupación de la vereda con mesas, sillas y bancos sin autorización. La otra está vinculada con la colocación de estructuras y objetos sobre el espacio público. La empresa dispone de diez días para depositar el importe. Si no lo hace, la multa podrá ser reclamada mediante el procedimiento previsto para el cobro judicial de deudas municipales.

El comercio no necesariamente deberá abandonar de manera definitiva cualquier uso gastronómico de la vereda. Podrá solicitar una autorización y presentar un proyecto que se ajuste a la normativa, pero primero deberá cumplir con el retiro ordenado. El juez advirtió que la regularización no resulta posible mientras las estructuras continúen instaladas en las condiciones detectadas durante la inspección.

La empresa también tiene la posibilidad de apelar la resolución ante el intendente Walter Cortés. Para hacerlo deberá presentar el recurso dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación, haber terminado con la infracción y depositar previamente el total de la multa. Ese requisito implica que una apelación no suspende automáticamente la obligación de liberar la vereda.

La decisión llega después de semanas de discusión pública por las dificultades que enfrentan peatones y personas con movilidad reducida para circular por la esquina de Moreno y Urquiza. El tema tomó notoriedad a partir de una denuncia realizada por Pablo Noves, quien expuso las dificultades para transitar por el sector. La discusión dejó de centrarse entonces únicamente en la habilitación comercial y pasó a involucrar el derecho de peatones, personas mayores, familias con cochecitos y ciudadanos con discapacidad a utilizar la vereda.

El titular del comercio, Enrique Vitale, respondió públicamente, reconoció errores y pidió disculpas, aunque también sostuvo que existía una persecución en su contra y reclamó que los controles alcanzaran a todos los establecimientos. El nuevo fallo no resuelve la situación general de las veredas del centro, aunque establece una consecuencia concreta para el comercio que originó la polémica: deberá pagar la multa, desmontar lo instalado o recurrir la decisión cumpliendo previamente las condiciones fijadas por el Tribunal.