Soria presentó un proyecto para garantizar fondos a provincias que reciban rutas nacionales

El senador Martín Soria presentó en el Congreso de la Nación un proyecto para modificar la distribución de los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), con el objetivo de garantizar a las provincias que gestionen rutas e infraestructura de transporte nacional en sus territorios los fondos necesarios para su mantenimiento, reparación y normal funcionamiento.

La iniciativa del legislador peronista se da en el marco de los acuerdos que varias provincias están generando con Nación para hacerse cargo de la administración de las rutas, como Río Negro. En la argumentación del proyecto, Soria criticó el modelo de Javier Milei y apuntó contra los gobernadores "preocupados por mantener a flote el modelo económico libertario y del Ministro Caputo". Sin embargo, indicó que una vez tomada la decisión, y para "corregir asimetrías y dotar a las provincias de autonomía financiera real para que puedan preservar las rutas, se establece un nuevo esquema de distribución del ICL, modificando el artículo 19 de la Ley 23.966".

El nuevo esquema propuesto crea una asignación específica para garantizar que el 5% de lo recaudado por el ICL se destine de manera exclusiva a aquellas provincias que hayan suscrito o suscriban convenios para la transferencia de la gestión de rutas nacionales. En sus fundamentos, el senador advirtió que "lo que se presenta como una solución, la gestión de las rutas nacionales por parte de los gobiernos provinciales puede terminar siendo un acto de irresponsabilidad por parte de los gobernadores que aceptan la transferencia sin que se les garanticen los recursos necesarios para el mantenimiento adecuado de las rutas".

Soria denunció que "la transferencia sin un solo centavo para solventar los gastos configura una nueva estafa que llevará a muchos gobernadores a tomar empréstitos internacionales que tarde o temprano deberán pagar los pueblos de sus provincias". Además, cuestionó que "la temeraria decisión de algunas gestiones provinciales que han resuelto 'quedarse con el problema' de las rutas -como se han referido públicamente- sin negociar el financiamiento necesario ni exigir el mínimo cumplimiento de la Ley 23.966 -sobre el Impuesto sobre Combustibles Líquidos y Gas Natural- pone en riesgo a los habitantes de las provincias".

El legislador también señaló un escándalo vinculado al manejo discrecional e ilegal por parte del Gobierno Nacional de los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial), financiado por el ICL, que quedó expuesto públicamente por el propio vocero presidencial en su conferencia de prensa del 11 de agosto pasado. Según revelan los estados contables del fideicomiso, el Gobierno Nacional recaudó más de $1,5 billones destinados al SisVial, pero ejecutó tan solo una cuarta parte de esos recursos ($394.406 millones), con una tasa de subejecución del 73,8%.

"Mientras las rutas nacionales se desmoronan, la autoridad de aplicación mantuvo inmovilizados y colocados en inversiones financieras -como plazos fijos, títulos públicos, LECAPS y BONCAPS- más de $1 billón", denunció Soria. El senador afirmó que con ese dinero se podrían haber intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de la red vial nacional, lo que equivale a casi dos tercios de toda la infraestructura vial del país. "La contracara de esta maniobra financiera es trágica: detrás de estos números se pierden vidas en accidentes de tránsito", agregó.

En su proyecto, Soria advirtió que "no es aceptable ni sostenible que el Estado Nacional transfiera sus obligaciones cediendo competencias en un convenio, mientras retiene la caja cobrada a los contribuyentes". Además, señaló que la situación se agrava si se considera que los habitantes de las provincias a las que se transfiere la gestión de la ruta continúan pagando el impuesto que retiene la nación, mientras además deberán pagar impuestos locales para garantizar el mantenimiento de las rutas cedidas y para hacer frente a los créditos que eventualmente pueda tomar la provincia. "Una doble carga impositiva. Un perjuicio para todos los habitantes de estas provincias", concluyó el legislador.