Rowing S.A. asumirá la operación completa del vertedero municipal por $339 millones
La empresa privada asumirá operación, mantenimiento y seguridad del CRUM. Los 27 empleados municipales serán reubicados en otras áreas.

El gobierno municipal de Bariloche resolvió modificar de manera sustancial el funcionamiento del vertedero: desde el sábado 18 de julio, la operación diaria del predio quedará en manos de Rowing S.A., una empresa privada que ya presta servicios en el lugar desde la gestión anterior. La decisión está contenida en dos resoluciones firmadas el 15 de julio que transforman radicalmente el esquema de trabajo en el Centro de Residuos Urbanos Municipales.
Una de las resoluciones ratifica el contrato con la compañía y autoriza un pago de $339 millones. La otra ordena retirar del Centro de Residuos Urbanos Municipales a los 27 empleados del municipio que todavía cumplían funciones allí y reubicarlos en otras dependencias. El cambio fue presentado como "transitorio", hasta que el Concejo Municipal apruebe un pliego y se adjudique una contratación de largo plazo. Sin embargo, el acuerdo habilita a Rowing a operar durante un año y contempla la posibilidad de una prórroga mediante una nueva decisión del Ejecutivo.
La empresa pasará así de proveer maquinaria y personal especializado a asumir las tareas de operación, mantenimiento, manejo de residuos y seguridad del vertedero. El municipio conservará formalmente la dirección, la planificación, la supervisión y la responsabilidad sobre la política ambiental. El acuerdo fue firmado el 13 de julio y su vigencia se extenderá durante un año o hasta que exista un pliego aprobado y un adjudicatario para la gestión de residuos, lo que ocurra primero. También podrá ser prorrogado por el municipio si persisten las necesidades operativas y existe disponibilidad presupuestaria. Es decir, aunque las resoluciones describen la contratación como provisoria, el vínculo podría prolongarse si la licitación no avanza dentro de los próximos doce meses.
La resolución autoriza a la Contaduría municipal a efectuar un "pago total" de $339 millones contra la presentación de las facturas correspondientes. El texto publicado, sin embargo, no detalla cómo se distribuirá ese monto durante el período contractual ni incorpora en sus dos páginas el anexo con las condiciones económicas completas. A partir del 18 de julio, los 27 trabajadores municipales que estaban afectados al vertedero dejarán de prestar funciones allí y comenzarán un proceso de reubicación en otras áreas.
El Ejecutivo justificó la medida en que las tareas de operación integral y seguridad serán asumidas por la empresa contratada. También sostuvo que existen dependencias municipales con falta de personal y que esos agentes podrán ser destinados a reforzar otros servicios. Recursos Humanos deberá analizar la antigüedad, la experiencia, la situación particular y las preferencias de cada trabajador. La resolución establece que los traslados no podrán provocar cambios en la categoría, los adicionales salariales, la antigüedad ni el régimen horario. No habrá despidos, pero sí una retirada completa del personal propio de las tareas directas dentro del basural.
Rowing no es una empresa nueva dentro del predio. Su desembarco comenzó durante la intendencia de Gustavo Gennuso, cuando el municipio recurrió a contrataciones directas para incorporar maquinaria pesada ante los incendios recurrentes y la falta de equipos propios. En 2022, la compañía fue contratada por US$137.400 para aportar maquinaria y reforzar los trabajos en el CRUM. En 2023 recibió nuevas contrataciones directas para operar retroexcavadoras, palas cargadoras, topadoras y camiones, con personal, combustible y asistencia mecánica. Otra contratación de 2023 incorporó una trituradora y una retrocargadora para procesar residuos forestales, cubiertas y línea blanca, con un canon mensual de US$57.000 más IVA.
La relación continuó durante la administración Cortés. En enero de 2025 se aprobó una extensión que fijaba un pago mensual de $122 millones y mantenía las condiciones de los acuerdos anteriores. Más adelante, el contrato fue prorrogado hasta marzo de 2026 por $165 millones mensuales, según documentación difundida durante las reuniones impulsadas por la Defensoría del Pueblo. Hasta ahora, Rowing se presentaba principalmente como proveedora de equipos y operadores. Incluso ante la Defensoría había aclarado que no tenía responsabilidad sobre la planificación del predio ni sobre la mitigación ambiental, funciones que correspondían al municipio.
El convenio fija un límite importante para la empresa. Rowing actuará dentro de la política definida por el Ejecutivo y no asumirá funciones de autoridad ambiental ni de poder de policía. Tampoco quedará a cargo de los problemas estructurales previos o futuros del predio, de los pasivos ambientales acumulados ni de daños que excedan el control inmediato de las tareas contratadas. La responsabilidad general seguirá bajo la órbita municipal. La distinción es relevante porque el vertedero arrastra años de incendios, contaminación, reclamos vecinales y cuestionamientos por la falta de un plan definitivo.
La Ordenanza 3349-CM-22 había establecido el cierre y saneamiento del predio para diciembre de 2023, pero ese plazo no fue cumplido. La Defensoría del Pueblo volvió a reclamar durante 2025 información sobre el contrato con Rowing, las condiciones ambientales y la situación de los recuperadores. El Ejecutivo sostiene que la contratación se mantendrá hasta que el Concejo apruebe un pliego para una concesión de largo plazo. Sin embargo, las resoluciones no informan cuándo será enviado ese proyecto, qué modelo de gestión propondrá el gobierno ni qué servicios estarán incluidos.
La discusión no será menor. Se deberá definir si una sola empresa manejará el ingreso, la disposición, el tratamiento y la recuperación de los residuos; qué controles tendrá el municipio; cuánto costará el servicio y qué responsabilidad asumirá el futuro concesionario frente a los daños ambientales. Cortés había afirmado al comienzo de su gestión que pretendía terminar con la sucesión de contrataciones directas heredadas y llevar el debate al Concejo Municipal. Dos años después, mientras ese pliego continúa pendiente, Rowing consolida su presencia y pasa a controlar la operación cotidiana del vertedero.
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