Río Negro reglamentó la ley que restringe beneficios para condenados por delitos graves

El Gobierno de Río Negro reglamentó oficialmente la modificación de la Ley S Nº 3008 de ejecución penal, que establece mayores restricciones a las salidas transitorias y los beneficios de libertad anticipada para personas condenadas por delitos graves. El gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto que pone en vigencia la norma recientemente sancionada por la Legislatura provincial.

"En Río Negro tomamos una decisión: estar del lado de las víctimas y de la gente que cumple la ley. Quien comete un delito grave tiene que hacerse responsable y cumplir la condena que le impuso la Justicia. No puede haber beneficios que terminen convirtiéndose en nuevas oportunidades para delinquir", afirmó Weretilneck al referirse a la medida. La iniciativa había sido presentada por los legisladores de Juntos Somos Río Negro Lucas Pica y Facundo López.

La modificación alcanza a condenados por delitos de mayor gravedad como homicidio simple y agravado, delitos contra la integridad sexual, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo cuando se causare la muerte de la víctima. Además, la provincia amplió las restricciones previstas a nivel nacional incorporando delitos como cohecho, grooming, delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito de funcionarios.

El gobernador remarcó que esta modificación se integra con otras reformas que Río Negro impulsa para evitar la denominada "puerta giratoria" y fortalecer la respuesta del sistema penal. "Primero avanzamos con la reiterancia, para que quien comete delitos una y otra vez no siga entrando y saliendo. También impulsamos la doble condena, para que una persona con una sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia permanezca detenida mientras continúa apelando. Ahora avanzamos sobre los beneficios para quienes cometieron los delitos más graves. Hay una misma línea: el que delinque tiene que saber que hay consecuencias", sostuvo.

"Somos firmes con el que mata, con el que viola, con el que roba utilizando violencia, pero también con el funcionario que se enriquece ilegalmente o recibe una coima. No puede haber una vara distinta. La ley tiene que ser clara y las consecuencias también", expresó Weretilneck. La reforma tiene antecedentes en otras jurisdicciones: Mendoza inició un proceso similar en 2012 y a nivel nacional se sancionó en 2017 la Ley Nº 27.375, que introdujo restricciones similares. Río Negro optó por modificar su propia legislación de ejecución penal, ejerciendo sus competencias provinciales.

Finalmente, el gobernador sostuvo que "durante demasiado tiempo la discusión penal estuvo concentrada en los derechos del delincuente y se dejó a la víctima en segundo plano. Nosotros queremos recuperar ese equilibrio. En Río Negro, la víctima importa, la seguridad de la sociedad importa y las condenas de la Justicia se tienen que cumplir".