Río Negro crea el ERSeC: un solo organismo controlará electricidad, agua y saneamiento

La Legislatura de Río Negro sancionó la creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSeC), un nuevo organismo que centralizará el control de los servicios de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales en toda la provincia. El nuevo ente reemplazará al actual Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y absorberá además funciones de fiscalización que hasta ahora ejercía el Departamento Provincial de Aguas.

El ERSeC funcionará dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, pero con autarquía técnica, funcional y presupuestaria, y estará dirigido por un directorio de tres integrantes designados por el Ejecutivo. Entre sus funciones estarán la fiscalización de los prestadores, el control de inversiones y calidad de los servicios, y la intervención en la definición de tarifas dentro de los marcos regulatorios vigentes. El oficialismo defendió la iniciativa como una modernización necesaria del sistema de control, aunque generó objeciones por la velocidad del tratamiento y la ausencia de representantes de usuarios en la conducción.

El legislador oficialista Lucas Pica sostuvo que el DPA venía realizando el control de agua y saneamiento de manera transitoria durante 28 años y que la reforma busca separar con mayor claridad las funciones del Estado, evitando que un mismo organismo tenga simultáneamente tareas de planificación, ejecución y control. El oficialismo remarcó que la ley no modifica los contratos de concesión ni los marcos regulatorios sustanciales, y que no generará un incremento directo del gasto público porque el organismo se financiará a través de la tasa de inspección y control que pagan las empresas prestadoras en función de sus ingresos.

El ERSeC estará conducido por presidente, vicepresidente y vocal, seleccionados por el Poder Ejecutivo entre profesionales con antecedentes en el sector y con mandatos de cuatro años. Este mecanismo fue uno de los puntos más cuestionados durante la sesión. Luciano Sempé, de Vamos con Todos, acompañó la idea de reorganizar los controles pero pidió incorporar representantes de los usuarios en el directorio. Fernando Furgoni, de la Coalición Cívica ARI, reclamó controles más estrictos sobre las concesionarias y sanciones efectivas ante incumplimientos, citando los problemas recurrentes de cortes eléctricos en localidades de la Costa Atlántica.

Uno de los cuestionamientos más directos relacionados con la Zona Andina fue planteado por Daniel Sanguinetti, quien rechazó el proyecto y sostuvo que la norma fue tratada con demasiada rapidez y sin suficiente participación de los principales actores alcanzados. Como ejemplo mencionó a la Cooperativa de Electricidad Bariloche, que administra alrededor de 60.000 medidores, y afirmó que la entidad tomó conocimiento del proyecto a través de los medios y no tuvo una instancia previa para hacer aportes. Sanguinetti también puso el foco en las juntas vecinales de Bariloche que administran sistemas de agua, especialmente en barrios del oeste, y planteó que todavía no están suficientemente claras las consecuencias que podría tener para esas organizaciones la tasa de inspección y control prevista para financiar el nuevo organismo.

Magdalena Odarda cuestionó que no se haya postergado la votación pese a pedidos de cámaras empresarias, productores y organizaciones que pretendían participar de la discusión. Juan Murillo, del PRO-Unión Republicana, acompañó la creación del ente porque consideró razonable unificar estructuras y generar economías de escala, pero coincidió en que una reforma institucional de esta magnitud merecía más tiempo. Propuso además que los tres integrantes del directorio requieran acuerdo de la Legislatura y que tengan limitada la posibilidad de reelección.

El presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, rechazó las críticas y defendió la designación de autoridades por parte del gobernador, argumentando que se trata de un esquema similar al utilizado hasta ahora en el EPRE. López aseguró que la Provincia aplicó multas por cerca de $10.000 millones a empresas prestadoras por distintos incumplimientos. Una vez promulgada la ley, el Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentarla y a partir de allí comenzará otro plazo de 90 días para poner en funcionamiento efectivamente el nuevo ente.