Río Negro aprobó crear un registro para rechazar transfusiones y generó un fuerte debate sobre las emergencias médicas

La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta y por mayoría la creación de un registro provincial en el que cualquier persona podrá dejar asentada de manera anticipada su decisión de no recibir transfusiones sanguíneas por razones religiosas o de conciencia. La iniciativa busca establecer un procedimiento claro para los hospitales y clínicas cuando un paciente se encuentre inconsciente o imposibilitado de expresar su voluntad.

El debate dejó expuesta una discusión sensible: hasta dónde debe respetarse una decisión anticipada cuando existe una emergencia y cada minuto puede resultar determinante para salvar una vida. El tema tiene además un antecedente directo en Bariloche. Durante la sesión fue recordado el caso de un niño de seis años cuyos padres, Testigos de Jehová, se opusieron a una transfusión. Ante el riesgo para su salud, la Justicia autorizó el procedimiento.

La nueva norma establece que los establecimientos sanitarios públicos y privados deberán consultar el registro antes de realizar una transfusión. Si existe una negativa expresa, válida, escrita y actualizada, los profesionales deberán respetarla en los términos establecidos por la Ley Nacional 26.529 de Derechos del Paciente. La situación cambia cuando no existe esa constancia. Si una persona se encuentra inconsciente, atraviesa un riesgo de vida inmediato y no dejó una directiva anticipada accesible, los médicos podrán realizar la transfusión para preservar su vida y su salud.

Uno de los autores del proyecto, Javier Acevedo, de ARI-Cambiemos, sostuvo que la iniciativa busca resolver un problema que los médicos y jueces ya enfrentaron en Río Negro. "Este no es un debate abstracto ni importado de otra realidad. Es un conflicto que se presenta con relativa frecuencia en las guardias de nuestros hospitales", afirmó. Acevedo recordó como antecedente el caso del niño de seis años atendido en Bariloche, cuyos padres rechazaban que recibiera una transfusión por razones religiosas. La jueza María Marcela Pájaro autorizó el procedimiento al considerar prioritarios el derecho a la vida y a la salud del menor. Según relató el legislador, el criterio utilizado fue que la responsabilidad parental debe ejercerse dentro de los límites establecidos por el Código Civil y Comercial y que las convicciones de los adultos no pueden imponerse cuando está comprometida la vida de un niño.

Acevedo señaló además que, después de la intervención, los padres aceptaron lo resuelto y agradecieron al equipo médico por haber salvado al menor. Para el legislador, ese antecedente demuestra que hasta ahora fueron los jueces quienes debieron resolver situaciones para las que no existía una herramienta provincial específica. También citó un episodio ocurrido en abril de 2025 en el Hospital Zatti, donde un motociclista ingresó inconsciente luego de sufrir un grave accidente. Familiares del paciente se opusieron a que recibiera sangre por motivos religiosos, pero el hombre no había dejado una directiva anticipada por escrito. La jueza Ana Carolina Scoccia autorizó la transfusión ante el riesgo vital.

La norma establece dos escenarios claramente diferenciados. Cuando el paciente se encuentre consciente, seguirá rigiendo el consentimiento informado: podrá aceptar o rechazar un tratamiento después de recibir información sobre sus consecuencias. La novedad está en aquellas situaciones en las que la persona no puede expresarse. Los profesionales deberán consultar el registro provincial. Si allí existe una decisión válida y vigente de rechazo a las transfusiones, esa voluntad deberá ser respetada. Pero si no existe una constancia disponible y el paciente corre riesgo de muerte, los médicos estarán autorizados a intervenir.

Precisamente esa obligación de consultar el registro fue uno de los principales puntos cuestionados durante el debate. Patricia Mc Kidd votó en contra y advirtió que el sistema podría generar más incertidumbre que soluciones. La legisladora consideró que la materia ya se encuentra regulada por la Ley Nacional de Derechos del Paciente y planteó dudas sobre la competencia provincial para crear un régimen adicional. "Siembra dudas procesales y expone a los médicos a futuros litigios", sostuvo. Mc Kidd planteó además un problema habitual para una provincia turística como Río Negro: qué ocurriría con una persona procedente de otra jurisdicción que sufriera un accidente en Bariloche, Las Grutas o cualquier otra localidad rionegrina. "¿Vamos a ir a pedir un registro a cada provincia de donde son los implicados? ¿Cómo se hace para resolver rápidamente? Ahí corre riesgo la vida de la persona que está accidentada", cuestionó.

Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, utilizó un argumento similar. "En síntesis, lo que hace es crear un registro para que el médico averigüe si yo presté mi consentimiento para una transfusión de sangre o no", señaló. Para la legisladora, el problema aparece cuando esa búsqueda ocurre en medio de una emergencia. "Primero el médico va a tener que averiguar si esa persona figura en el registro y mientras tanto pasan los minutos y la persona se está muriendo", afirmó. También cuestionó que la información aportada por un familiar pueda no coincidir con la última decisión del paciente. "El médico tiene que averiguar igual, porque yo capaz que cambié de opinión y vos no te enteraste. Y mientras, me muero", ejemplificó.

Desde Vamos con Todos, Ayelén Spósito respaldó la creación del sistema y sostuvo que, lejos de dificultar el trabajo de los profesionales, puede aportar claridad en las situaciones más complejas. "Yo creo que es todo lo contrario. Viene a facilitar el trabajo en un momento de una emergencia cuando una persona está inconsciente", afirmó. Su bloque impulsó además una modificación para reforzar la protección de los menores de edad. La intención fue dejar expresamente establecido que cuando la vida de un niño o adolescente se encuentre en riesgo, los equipos médicos puedan actuar incluso frente a la negativa de sus familiares.

La accesibilidad del registro fue uno de los puntos centrales del debate. Para que la herramienta pueda funcionar en una emergencia no alcanza con que exista formalmente: deberá estar disponible las 24 horas y poder ser consultada desde hospitales y centros sanitarios de toda la provincia. Mansilla puso en duda que Río Negro tenga actualmente la infraestructura necesaria para garantizarlo. "¿Estamos preparados en Río Negro para tener este registro? No tenemos conectividad, las rutas están destruidas y podemos llegar a legislar algo que termine siendo más perjudicial que favorable", sostuvo. La iniciativa deberá atravesar ahora el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse definitivamente en ley. Luego quedará un segundo desafío, quizás tan importante como el debate parlamentario: conseguir que ese registro funcione con la velocidad que exige una guardia médica.