Rechazan proyecto que prohibía el cierre de escuelas rurales en localidades de hasta 2000 habitantes

La comisión de Educación de la Legislatura rionegrina rechazó este martes un proyecto que buscaba prohibir el cierre de escuelas y residencias educativas en localidades de hasta 2000 habitantes. La iniciativa, impulsada por los legisladores Magdalena Odarda y Fabián Pilquinao de Vamos con Todos, generó un intenso debate que contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Educación, miembros del gremio UnTER y representantes del Parlamento Mapuche.

Los impulsores del proyecto denunciaron que desde 2012 existe una política sistemática y silenciosa de cierre de escuelas hogares y residencias rurales en diversas localidades como Ramos Mexía, Cerro Alto, Sierra Colorada y Mencué, entre otras. Odarda y Pilquinao argumentaron que estas instituciones son "mucho más que una escuela", ya que funcionan como el centro vivo de los parajes, aseguran alimento y abrigo a los niños, y representan el único punto de conectividad para emergencias. Según los legisladores, estos cierres vulneran el derecho humano a la educación.

Por su parte, las funcionarias del Ministerio de Educación Marcela Strahl, Romina Procoppo y Paula Quesada, junto al legislador Norberto Moreno del JSRN, sostuvieron que los cierres de residencias son en su mayoría transitorios y responden a la estricta falta de inscripciones debido a la disminución significativa de la población en zonas rurales. El legislador Facundo López, también del JSRN, afirmó que no se le puede quitar al Ministerio la facultad técnica y administrativa de decidir cuándo abrir o cerrar un establecimiento basándose en criterios pedagógicos, calificando de inviable una ley que prohíba los cierres absolutos. Desde la cartera educativa explicaron que se reemplazaron las residencias por la creación de 27 anexos de Escuelas Secundarias Rionegrinas rurales virtuales y escuelas de jornada completa, con el objetivo de evitar el desarraigo y mantener a los niños cerca de su núcleo familiar, garantizándoles transporte y alimentación diaria.

Durante el debate también intervinieron trabajadores del gremio docente UnTER, quienes apoyaron el proyecto señalando que la educación presencial y las residencias son vitales para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, donde muchas veces los niños dependen de la escuela para alimentarse. Los representantes del Parlamento Mapuche argumentaron que el cierre y modificación de escuelas en parajes viola el Convenio 169 y la Constitución, ya que las comunidades originarias no fueron consultadas sobre medidas que afectan profundamente su cultura, identidad y territorio. Tras el extenso debate, el proyecto fue sometido a votación y resultó rechazado por mayoría.

En la misma sesión, la comisión también trató otro proyecto impulsado por Juan Martín del PRO, que proponía crear un marco regulatorio provincial para la detección temprana, acompañamiento y abordaje integral de niños, niñas y adolescentes con Altas Capacidades en los niveles inicial, primario y secundario. La iniciativa incluía la creación del Programa Provincial de Educación para AACC en el ámbito del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, con el fin de garantizar la inclusión educativa mediante la adaptación de planes pedagógicos, opciones de flexibilización o aceleración de la escolaridad, y capacitación docente continua y gratuita. Sin embargo, surgió un fuerte contraste entre los funcionarios ministeriales, que sostuvieron que la normativa vigente ya contempla la diversidad en el aula, y los legisladores que denunciaron la falta de recursos y capacitación real para los docentes. Mientras el oficialismo argumentó que un programa específico podría ser reduccionista, los impulsores enfatizaron la necesidad de un protocolo provincial con presupuesto propio para evitar que estas mentes brillantes se pierdan en un sistema colapsado. Este proyecto también concluyó con un dictamen dividido y mayoría negativa.