Proyecto de ley propone incentivos fiscales para empresas que contraten personas con discapacidad

Ingresó a la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que busca crear un marco regulatorio de fomento para la inserción laboral de personas con discapacidad en el sector privado. La iniciativa utiliza herramientas de incentivo fiscal para los empleadores, con el objetivo de saldar una "asimetría estructural" en el mercado de trabajo rionegrino.

La propuesta es de autoría de la legisladora Roberta Scavo (ARI-Cambiemos), quien argumenta que si bien el Estado provincial cuenta con normativas de inclusión vigentes, el sector comercial y productivo privado carecía hasta el momento de un esquema sistemático que acompañe, estimule y atenúe los costos iniciales de la contratación formal de personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El corazón del proyecto radica en un régimen de incentivos fiscales vinculados al Impuesto a los Ingresos Brutos. Las empresas, cooperativas, mutuales y ONGs radicadas en la provincia que contraten trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado, obtendrán un Crédito Fiscal mensual equivalente al 50% de las contribuciones patronales de dicho personal. Para reconocer el esfuerzo de los comercios y PyMEs que ya vienen apostando a la inclusión, la ley contempla un beneficio retroactivo: los empleadores que ya tengan personas con discapacidad en su plantilla formal podrán solicitar el reconocimiento de este crédito fiscal hasta con seis meses de retroactividad.

Para evitar abusos y garantizar que el beneficio resguarde la salud financiera de la provincia, el articulado fija límites estrictos. El descuento mensual nunca podrá superar el 35% del total del Impuesto a los Ingresos Brutos determinado por la empresa en ese período. El crédito fiscal tendrá un techo máximo equivalente al 50% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) nacional. Además, el presupuesto provincial de cada año fijará un monto máximo cerrado para este programa, y una vez agotado, se suspenderá la entrega de nuevos créditos.

El proyecto impone fuertes condiciones a las empresas beneficiarias. Aquellas que incurran en empleo no registrado, tengan deudas fiscales o hayan reducido de manera injustificada su plantilla laboral en los seis meses previos a la solicitud, quedarán excluidas y el beneficio les será revocado de forma automática y con efectos retroactivos.

De aprobarse la normativa, la autoridad de aplicación será compartida de manera interinstitucional entre el Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad y el Ministerio de Trabajo. Estas áreas fiscalizarán que los puestos cumplan con las condiciones de accesibilidad física y salubridad necesarias, y gestionarán y actualizarán el Registro Provincial de Postulantes con Discapacidad para el Sector Privado, articulando los perfiles profesionales con las oficinas de empleo de los municipios rionegrinos. "La inclusión de personas con discapacidad en las empresas no es solo un acto de responsabilidad empresarial, sino una estrategia clave para la innovación, la empatía y el éxito organizacional", destaca Scavo en los fundamentos del proyecto, concluyendo que la normativa transformará de manera real la "asistencia pasiva en productividad y autonomía" para los rionegrinos.