Proponen incorporar los derechos de las personas en situación de calle a la Carta Orgánica de Bariloche

La Mesa de Trabajo Participativa para el diseño de iniciativas estatales sobre la problemática de las Personas en Situación de Calle elaboró un documento con aportes para la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche. La propuesta busca que la nueva normativa municipal incorpore el reconocimiento de sus derechos y establezca principios para desarrollar políticas públicas integrales, participativas y sostenidas en el tiempo.

El trabajo reúne aportes de organizaciones sociales, instituciones, dispositivos de acompañamiento y personas vinculadas con esta problemática. Entre sus principales planteos, propone que la situación de calle no sea abordada únicamente como una cuestión habitacional o de asistencia inmediata, sino como una realidad compleja que requiere respuestas coordinadas en distintas áreas del Estado.

Samantha Guiñazú, una de las referentes de la Mesa, explicó que el documento fue construido colectivamente entre todas las organizaciones y las personas de instituciones que participan del espacio. "La idea era pensar en las formas de incorporar estos requerimientos en la reforma de la Carta", señaló. Según indicó, el material fue remitido al equipo que trabaja con la comisión vinculada a la reforma y también hubo participación en los talleres ciudadanos y en los encuentros temáticos realizados durante el proceso.

El documento destaca que Bariloche cuenta con una trayectoria institucional y comunitaria vinculada con el acompañamiento de personas en situación de calle. Entre los antecedentes, menciona al Equipo de Acompañamiento a Personas en Situación de Calle del Centro de Prevención de Adicciones (CPA), que desarrolla acciones territoriales y articula con otros organismos públicos. También destaca el trabajo de instituciones como el Hogar Emaús, con 18 años de trayectoria en la ciudad, el Hogar Betania y otros espacios de alojamiento y acompañamiento.

A ese recorrido se suma la conformación, en 2024, de la Mesa de Trabajo Participativa, integrada por personas que están o estuvieron en situación de calle, organizaciones sociales, dispositivos municipales, instituciones de salud, investigadores y otros actores relacionados con la problemática. En 2025 se incorporó al calendario oficial municipal la Semana de Visibilización de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y se declaró de interés municipal y comunitario el trabajo de la Mesa. En 2026, el espacio recibió un diploma de honor del Senado de la Nación.

Sin embargo, la Mesa advierte que el trabajo cotidiano se desarrolla en un contexto de necesidades que superan los recursos presupuestarios y las capacidades de respuesta disponibles. En ese escenario, considera que la reforma puede contribuir a establecer responsabilidades y mecanismos de continuidad para evitar que las políticas dependan exclusivamente de las prioridades de cada gobierno.

La propuesta se organiza alrededor de tres principios centrales: reconocer a las personas en situación de calle como sujetos de derechos, garantizar el ejercicio efectivo de esos derechos y asegurar su participación en las decisiones que las afectan. El primero apunta a que la situación de calle sea reconocida como una problemática compleja que necesita políticas específicas, integrales e intersectoriales. El segundo contempla derechos vinculados con la salud, la salud mental, la vivienda, el hábitat, el trabajo, la educación, la identidad, el cuidado, la inclusión y la protección frente a la discriminación y las violencias.

El tercer principio plantea que las personas que atraviesan o atravesaron esta situación deben participar en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas destinadas a atenderla. Para la Mesa, esa participación no debería limitarse a convocatorias institucionales, sino que requiere generar condiciones accesibles para que las personas puedan expresar sus experiencias, necesidades, propuestas y conocimientos.

Guiñazú explicó que uno de los objetivos del trabajo es fundamentar la incorporación de esta problemática en la Carta Orgánica a partir del marco normativo vigente y de una perspectiva que atraviese diferentes áreas de intervención. "No sólo hicimos llegar el documento, sino que también participamos de los talleres ciudadanos que se hicieron sobre temáticas específicas", expresó. La referente agregó que el planteo busca sostener una mirada amplia sobre los derechos y las responsabilidades estatales, en lugar de limitar el abordaje a un único sector de la administración municipal.

Entre las iniciativas propuestas para la nueva Carta Orgánica, el documento plantea incorporar un apartado específico sobre las personas en situación de calle y aquellas que se encuentran en riesgo de atravesarla, con principios para el desarrollo de políticas integrales. También propone promover acciones de prevención, acompañamiento y protección de derechos, junto con mecanismos accesibles de consulta, reclamo y denuncia ante situaciones de discriminación, estigmatización y violencia.

En materia de salud, la Mesa considera necesario garantizar el acceso efectivo y sin discriminación a los servicios sanitarios y de salud mental, contemplando las barreras que pueden dificultar la atención. El planteo incluye fortalecer la articulación entre las áreas municipales y los organismos provinciales y nacionales vinculados con la salud, los consumos problemáticos y la discapacidad. Otro punto es asegurar la continuidad de los acompañamientos cuando una persona egresa de un dispositivo de atención, buscando evitar que las intervenciones se interrumpan durante su proceso de inclusión y recuperación de la autonomía.