Productores reclaman ley para proteger tierras agrícolas del avance urbano en Río Negro

La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén intensificó su reclamo para frenar la pérdida de tierras agrícolas frente al constante avance de la urbanización y el deterioro de los sistemas de riego y drenaje. Desde la entidad insisten con esta iniciativa que ya fue presentada al gobernador Alberto Weretilneck, aunque hasta el momento no obtuvieron respuesta del Gobierno provincial.

Ante la falta de feedback oficial, la Federación anunció que impulsará un marco normativo en ambas provincias para impedir modificar el uso del suelo productivo. En Neuquén, el proyecto ya está siendo tratado, mientras que en Río Negro el presidente de la Federación, Sebastián Hernández, confirmó que el borrador ya fue elaborado y se encuentra en etapa de revisión legal. La presentación formal en la Legislatura provincial está prevista para la próxima semana.

El núcleo de la propuesta radica en la identificación precisa y georreferenciación de las hectáreas vinculadas a las redes de riego. Una vez determinada la condición productiva de una zona, la normativa impulsada por los chacareros prohibiría que esas tierras sean destinadas a loteos, barrios residenciales o emprendimientos ajenos a la actividad agrícola. Si prospera la iniciativa, la restricción no afectará la propiedad ni la libertad de venta. Quien decida vender su predio podrá hacerlo, pero quien adquiera el establecimiento estará legalmente obligado a mantener la actividad productiva.

El objetivo es brindar seguridad a quienes realizan inversiones y evitar que el crecimiento urbano termine ahogando la continuidad del trabajo rural. El proyecto de los chacareros se contrapone a una tendencia que lleva años: la reducción de las tierras en producción por cambios en la actividad frutícola y el abandono de la actividad por parte de muchas familias de tradición chacarera. El crecimiento de la población del Alto Valle y la demanda habitacional son otros componentes de la discusión que plantea la Federación.

La iniciativa no se limita a un esquema de prohibiciones, sino que contempla herramientas concretas de promoción para el sector. El proyecto incorpora vías de financiamiento, reducciones impositivas y beneficios fiscales destinados a incentivar la inversión y favorecer la diversificación. En este marco, Hernández sostuvo que los productores necesitan la certeza de contar con una política provincial de largo plazo que proteja y respalde la actividad frente a las presiones inmobiliarias.