Presentan proyecto para regular el uso de inteligencia artificial en campañas electorales

El acelerado avance de la inteligencia artificial generativa ha modificado profundamente las formas de hacer política, permitiendo la creación de imágenes, audios, videos y encuestas absolutamente falsas pero de apariencia real. Frente a esta nueva realidad tecnológica, un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro busca modificar la Ley O N° 2431 (Código Electoral provincial) para proteger la integridad del proceso democrático.

La iniciativa, impulsada por César Domínguez (Primero Río Negro), parte de una premisa clara: no se busca prohibir la inteligencia artificial ni demonizar la tecnología, ya que se reconoce su valor para la innovación y el diseño en las campañas. El objetivo es evitar su uso abusivo y garantizar que los ciudadanos no sean víctimas de engaños deliberados a la hora de emitir su voto.

El eje central del proyecto es la exigencia de transparencia. Todo contenido electoral que haya sido generado o alterado sustancialmente con inteligencia artificial y que parezca real, deberá llevar un etiquetado claro con la advertencia: "Este contenido ha sido creado y/o modificado con inteligencia artificial". Además, el proyecto prohíbe terminantemente la suplantación electoral sintética, que incluye la creación de deepfakes para atribuir declaraciones, renuncias, apoyos o conductas inexistentes a candidatos, partidos o autoridades electorales. También se prohíbe el uso de bots no identificados para simular apoyo popular y la segmentación de audiencias utilizando datos sensibles obtenidos sin consentimiento.

Para quienes incumplan la normativa, el proyecto prevé un régimen de sanciones que varía según la gravedad del hecho, desde apercibimientos públicos e intimaciones, hasta multas económicas de entre cincuenta y mil jornales mínimos, e incluso la pérdida total o parcial de los aportes públicos de campaña. Asimismo, se le otorga a la Justicia Electoral la potestad de ordenar a las plataformas digitales la eliminación rápida de contenidos engañosos maliciosos en un plazo no mayor a 48 horas desde su reporte. El proyecto hace un fuerte hincapié en que esta regulación no debe convertirse en un instrumento de censura estatal, exceptuando explícitamente los contenidos manifiestamente humorísticos, satíricos, caricaturescos o paródicos, así como el trabajo periodístico y la investigación ciudadana.