Presentan proyecto para regular como Guardia Urbana al Cuerpo de Prevención que ya funciona en Bariloche

Mientras el Cuerpo de Prevención Municipal comenzó a ganar presencia visible en las calles de Bariloche, el Concejo Municipal recibió un proyecto que propone darle a ese tipo de intervenciones un marco normativo mucho más detallado y bajo otra denominación: Guardia Urbana Municipal. La iniciativa, identificada como proyecto 747/26, fue presentada por el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), y no plantea la creación de una policía local, sino que dedica buena parte de sus 66 artículos a precisar qué podría hacer la futura Guardia Urbana y, especialmente, qué tendría prohibido hacer.

La propuesta aparece justo cuando el Ejecutivo municipal ya puso en funcionamiento su propia estructura preventiva. El actual Cuerpo de Prevención depende de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, cuenta inicialmente con diez integrantes y dos móviles y participa de recorridas, controles y operativos conjuntos con otras áreas y fuerzas. El proyecto de Costa Brutten busca convertir esas funciones en un régimen aprobado por ordenanza, con competencias, prohibiciones, protocolos, capacitación, mecanismos de control y rendición de cuentas expresamente definidos.

El proyecto establece que, al momento de reglamentar la ordenanza, el Ejecutivo deberá identificar qué estructura, programa, cuerpo o dispositivo municipal ya realiza funciones equivalentes y determinar su adecuación, reorganización o incorporación a la nueva Guardia Urbana. También contempla reasignar personal, equipamiento, vehículos, comunicaciones y recursos existentes. En los fundamentos se reconoce que el Municipio ya cuenta con trabajadores y dispositivos que desarrollan intervenciones preventivas, aunque distribuidos entre diferentes áreas. En términos prácticos, la ordenanza podría terminar absorbiendo o reconvirtiendo el actual Cuerpo de Prevención Municipal en la Guardia Urbana prevista por el proyecto, si finalmente es aprobada y reglamentada de ese modo.

El corazón de la iniciativa está en marcar una frontera con la Policía. El artículo que define la naturaleza de la Guardia establece que sería civil, preventiva, no armada, de proximidad, asistencia y orientación, y aclara expresamente que no constituye una fuerza policial ni una fuerza de seguridad. Entre sus funciones aparecen las recorridas preventivas a pie, en bicicleta o mediante vehículos; la identificación de riesgos para personas, bienes o espacios públicos; la colaboración frente a emergencias; la presencia preventiva en sectores turísticos y la asistencia a personas que necesiten orientación. También tendría contacto directo con vecinos y podría trabajar sobre problemáticas de convivencia en el espacio público.

El proyecto dedica un capítulo completo a las prohibiciones. La Guardia no podría investigar delitos, portar armas de fuego, realizar allanamientos, interrogar como autoridad policial, imponer sanciones administrativas, ordenar clausuras o decomisos ni sustituir a los inspectores municipales. Tampoco podría desarrollar tareas propias de una fuerza de seguridad ni acceder libremente a sistemas de videovigilancia. Cuando durante una recorrida detectara una infracción correspondiente a Tránsito, Inspección u otra dependencia, debería advertir la situación y comunicarla al organismo competente, sin reemplazarlo.

Este punto introduce una cuestión especialmente relevante frente al funcionamiento actual. En las últimas semanas el Cuerpo de Prevención comenzó a participar de controles vehiculares junto a Seguridad Vial y otras dependencias municipales, aunque las actas y sanciones siguen correspondiendo a los funcionarios habilitados para realizarlas. El proyecto busca que esa división quede expresamente asentada en una ordenanza.

La Guardia podría recibir información de los sistemas de monitoreo para prevención, pero el proyecto aclara que ver imágenes no otorgaría facultades de investigación criminal. Si de ese material surgiera un posible delito, debería intervenir la Policía, el Ministerio Público Fiscal o la autoridad judicial correspondiente. También contempla convenios y protocolos permanentes con Policía de Río Negro, Gendarmería y otras fuerzas, pero insiste en que la coordinación no implica subordinación ni transferencia de competencias.

Otro punto distintivo aparece en la dependencia administrativa. El proyecto establece que la Guardia debería funcionar bajo el área municipal competente en Defensa Civil, o la denominación que tenga esa estructura en el futuro. Actualmente, en cambio, el Cuerpo de Prevención está integrado a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. No es una diferencia solamente nominal: detrás de ambas alternativas aparece una discusión sobre qué perfil debe tener la presencia municipal en las calles. Una estructura asociada a Seguridad Ciudadana puede tener una impronta más cercana al orden urbano y la prevención; el proyecto, en cambio, intenta subrayar su carácter civil, comunitario y de asistencia, con Defensa Civil como referencia institucional.

La propuesta incorpora además mecanismos de seguimiento que hoy adquieren particular importancia ante la expansión de estas funciones. La autoridad de aplicación debería elaborar informes trimestrales públicos con datos sobre cantidad de intervenciones, sectores recorridos, emergencias atendidas, derivaciones efectuadas, actividades con juntas vecinales y recursos utilizados. También tendría que responder pedidos de informes del Concejo Municipal y, después de los primeros doce meses de funcionamiento, realizar una evaluación integral del sistema. La ordenanza crea además una partida presupuestaria específica y obliga a elaborar un plan anual que detalle personal, vehículos, combustible, comunicaciones, capacitaciones, equipamiento preventivo y tecnología.

El Cuerpo de Prevención ya tiene agentes identificados con camperas naranjas, vehículos, recorridas territoriales y participación en operativos, y el Ejecutivo continúa incorporando equipamiento. Incluso adjudicó recientemente la compra de cuatro motocicletas para fortalecer el área de Seguridad Ciudadana. El Concejo deberá discutir ahora si ese despliegue continúa bajo la estructura diseñada por el Ejecutivo o si corresponde establecer mediante ordenanza un régimen específico que termine de encuadrarlo. El proyecto de Costa Brutten no cuestiona la idea de que el Municipio tenga presencia preventiva en las calles, sino que propone profundizarla. La disputa está en cómo se organiza, de quién depende, qué puede hacer, qué no puede hacer y qué controles institucionales debe tener.