Piloto del vuelo de Adorni declaró ante la Justicia y denunció irregularidades en la investigación

El vuelo del jefe de Gabinete Manuel Adorni desde Punta del Este a Argentina continúa generando controversias y ha desencadenado una serie de investigaciones que comprometen la transparencia de los procedimientos utilizados en su traslado. Agustín Issin, el piloto encargado y broker de vuelos, prestó declaración testimonial el jueves pasado, arrojando luz sobre los aspectos más oscuros del caso.

En su declaración ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, Issin confirmó que el periodista y amigo de Adorni, Marcelo Grandio, fue quien pagó el vuelo de regreso. "Lo pagó Grandio", declaró categóricamente el piloto. La factura del trayecto fue emitida el 9 de marzo debido a que Issin se encontraba de vacaciones cuando se efectuó el vuelo, un detalle que forma parte del entramado que ahora se encuentra bajo escrutinio judicial.

El piloto reveló los detalles del proceso de adquisición del servicio aéreo, explicando que compró a la empresa Alpha Centauri un paquete de 10 vuelos por un monto total de 42.250 dólares. Uno de esos vuelos fue el utilizado por Manuel Adorni, cuyo costo específico alcanzó los 3.000 dólares. Además de los datos financieros proporcionados, Issin también presentó imágenes almacenadas en su dispositivo móvil como respaldo de sus argumentos ante la Justicia.

La situación se complicó cuando Issin denunció "manipulaciones" en la forma en que se condujeron las pesquisas, señalando especialmente a algunos agentes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). El piloto aseguró que ciertos funcionarios habrían cometido actos indebidos al manejar informaciones sensibles del peritaje, comprometiendo las obligaciones legales inherentes a sus cargos.

Las evidencias apuntan a una serie de transacciones financieras que generan interrogantes. El vuelo de ida a Punta del Este fue pagado a nombre de la empresa Imhouse, ligada a Grandio, mientras que el regreso fue facturado por 3.000 dólares. Esto genera cuestionamientos sobre la pronta ejecución de la factura, emitida el mismo día que se filtró el caso, tal como consta en los documentos judiciales facilitados por Alpha Centauri S.A. Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita busca claridad en el asunto y el juez Lijo ha ordenado la recopilación de más documentación del aeropuerto de San Fernando, incluyendo registros documentales y material audiovisual de las cámaras de seguridad.