Ordenan investigar patrimonio de padre que debe 1,5 millones en cuotas alimentarias

El Juzgado de Familia de Bariloche ordenó ejecutar un convenio alimentario incumplido y dispuso una batería de medidas para reconstruir la situación patrimonial del deudor. El monto reclamado asciende a 1,5 millones de pesos, al que se sumarán intereses calculados según las tasas fijadas por el Superior Tribunal de Justicia.

La causa se tramitó mediante un proceso monitorio, un mecanismo que permite dar curso acelerado a este tipo de reclamos cuando existe una obligación previamente pactada. La jueza interviniente tuvo por cumplidos los requisitos formales, habilitó la ejecución y ordenó la apertura de una cuenta judicial en el Banco Patagonia donde deberán depositarse las sumas que se recauden.

Para identificar bienes y fuentes de ingresos, la Unidad Procesal de Familia giró oficios a múltiples organismos. Se solicitaron informes al Registro de la Propiedad Automotor y al Registro de la Propiedad Inmueble para determinar si el hombre posee bienes registrables a su nombre.

También se pidió información a la Agencia de Recaudación sobre su situación laboral o tributaria: si trabaja en relación de dependencia, los datos de su empleador deberán ser informados; si está inscripto como monotributista, deberá precisarse su categoría e ingresos. En paralelo, se requirió al Banco Central un listado de las cuentas bancarias de las que sea titular, y se consultó a una plataforma de comercio electrónico para verificar si el deudor registra actividad económica en ese canal.

El conjunto de medidas apunta a detectar cualquier activo o ingreso sobre el cual pueda avanzarse para hacer efectivo el cobro. El hombre tiene cinco días para pagar la deuda en forma voluntaria o presentar las excepciones legales que entienda pertinentes. Si no lo hace, el proceso continuará con las herramientas propias de la ejecución forzada.

El caso ilustra el alcance que pueden tener las unidades procesales de Familia en la provincia: no solo homologan acuerdos o fijan cuotas, sino que ejecutan sus propias decisiones y pueden desplegar mecanismos de investigación patrimonial sobre organismos públicos y privados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.