Marcela González Abdala fue notificada como imputada en la causa por contrataciones de la gestión Gennuso
La Fiscalía N°2 notificó a la legisladora como imputada en la investigación por contrataciones con OPS SACI durante la gestión Gennuso.

La investigación judicial sobre las contrataciones realizadas entre la Municipalidad de Bariloche y la empresa OPS SACI durante la gestión de Gustavo Gennuso tuvo un avance significativo este 4 de septiembre de 2026. La Fiscalía N°2 de Bariloche emitió una notificación formal dirigida a la legisladora Marcela González Abdala comunicándole que reviste la calidad de imputada, en carácter de presunta autora del hecho que se investiga en el expediente caratulado por malversación de caudales públicos.
El documento fiscal, fechado el 4 de septiembre de 2026, representa un cambio sustancial en la situación procesal de González Abdala, quien hasta ahora formaba parte de una etapa preliminar donde la Fiscalía localizaba y notificaba a distintos exfuncionarios para que designaran defensores y accedieran al expediente. La notificación no implica una condena ni acredita responsabilidad penal, pero sí establece formalmente que González Abdala pasa a ser considerada imputada dentro de la investigación, quedando alcanzada por las garantías y derechos previstos para esa condición procesal. El Ministerio Público Fiscal le comunicó que puede designar un abogado particular o recurrir a un defensor público, y que tiene derecho a conocer los hechos que se le atribuyen, ser escuchada y abstenerse de declarar sin que su silencio pueda ser utilizado como presunción de culpabilidad.
La causa tiene su origen en la denuncia presentada por el intendente Walter Cortés el 29 de noviembre de 2024, con patrocinio del abogado Ricardo Mendaña, por una serie de contrataciones directas realizadas por la administración anterior con OPS SACI. Estas contrataciones se extendieron entre 2019 y 2023 y estuvieron destinadas al alquiler de maquinaria vial, camiones y otros equipos utilizados por el Municipio. La denuncia busca determinar si la modalidad empleada, la reiteración de las contrataciones directas y las decisiones administrativas adoptadas durante esos años se ajustaron a la normativa vigente. Hasta el momento, además de González Abdala, habían quedado mencionados dentro del expediente el exintendente Gustavo Gennuso, el exsecretario de Obras y Servicios Públicos Carlos Daniel Cairo, el exsubsecretario Eduardo Enrique Garza, el exsecretario de Hacienda Diego Quintana y la exdirectora general de Políticas Tributarias Lilian Elizabeth Baroni.
La investigación avanzó a partir del análisis de una extensa pericia técnica contable sobre los contratos celebrados con OPS, que requirió aclaraciones adicionales por la magnitud de la documentación analizada. La Fiscalía busca reconstruir qué intervención tuvo cada funcionario en las contrataciones, quién autorizó cada operación, cuáles fueron los argumentos utilizados para recurrir a contrataciones directas y si se cumplieron las normas administrativas correspondientes. Paralelamente, la causa penal convive con un litigio multimillonario: OPS SACI reclama a la Municipalidad de Bariloche US$15.386.000 por trabajos que asegura haber realizado durante la gestión Gennuso mediante unas 30 máquinas viales y camiones. Ese proceso tramita por separado ante el fuero Contencioso Administrativo y la administración de Cortés desconoce la deuda.
La investigación tiene una inevitable dimensión política porque alcanza decisiones adoptadas durante los últimos años de la administración de Gennuso y se originó en una denuncia de su sucesor, Walter Cortés. Gennuso, además, actualmente ocupa la vicepresidencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica y está a punto de atravesar otro proceso judicial de fuerte exposición pública por el caso Techo Digno. En el expediente OPS todavía resta conocer hasta dónde llegará la Fiscalía con cada una de las personas investigadas, pero la notificación a González Abdala aporta un elemento concreto que modifica el panorama del expediente: el Ministerio Público Fiscal ya la ubica formalmente como imputada y presunta autora dentro de una causa caratulada por malversación de caudales públicos.
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