Legislatura aprobó que represas paguen apenas 1% de canon por uso del agua del Limay

La Legislatura de Río Negro aprobó la cesión de uso del agua del río Limay a las empresas hidroeléctricas, en una sesión que generó un intenso debate entre oficialismo y oposición. La norma otorga la concesión del recurso hídrico de dominio provincial a las sociedades operadoras de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila, estableciendo una retribución equivalente apenas al 1% del monto facturado por las ventas al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

El proyecto impulsado por la administración Weretilneck obtuvo una férrea oposición del peronismo, la federación de pymes y productores de toda la provincia. Por el proceso de privatización de las represas del Comahue, el Gobierno nacional recaudó 700 millones de dólares, mientras que los nuevos concesionarios tienen la obligación contractual de realizar un rebumping integral y obras de modernización estimadas en unos 400 millones para extender la vida útil de los equipos.

Durante el debate, el legislador Leandro García (PJ-NE) afirmó que el texto requiere ajustes puntuales para "garantizar que Rio Negro cobre sobre toda la comercialización", no solo en el proceso de ventas al MEM. Su par de Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé, criticó el porcentaje de retribución fijado en el proyecto y señaló que la legislación sancionada previamente permitía exigir un canon de hasta el 5% por el uso del recurso. "Parece que siempre vivimos de rodillas" ante Nación, lamentó. José Luis Berros solicitó modificar la normativa e incorporar "el 20% para los municipios" con el objetivo de evitar un uso sin parámetros fijos.

Sin embargo, el oficialismo logró imponer mayorías junto a sus aliados. El proyecto obtuvo su sanción definitiva con una votación en general que registró 40 adhesiones y 4 rechazos. Posteriormente, el artículo primero obtuvo 30 votos positivos frente a 14 negativos, consolidando así la aprobación de la controvertida medida que regula el canon por el uso del agua del río Limay.

Lorena Yensen (JSRN) defendió la propuesta del Poder Ejecutivo y la calificó como "un proyecto de estricta justicia histórica y federal". Explicó que la norma consolida los derechos adquiridos en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la cual consagró el dominio originario de las provincias sobre sus recursos. Detalló que el nuevo esquema permite cobrar las regalías sobre el valor real de la energía, lo que podría cuadruplicar los ingresos provinciales hasta alcanzar los 40 millones de dólares anuales.

El presidente del bloque oficialista, Facundo López, remarcó que es la "primera vez en la historia que los rionegrinos vamos a tener un canon por el uso del agua". Aclaró que la provincia no tiene jurisdicción sobre las concesiones hidroeléctricas, ya que son de carácter nacional, sino que el proyecto legisla exclusivamente sobre la retribución económica por el uso del recurso hídrico local. Valoró el resultado de la negociación con Nación y lo contrastó con décadas de inacción de gestiones anteriores.

En la vereda opuesta, Magdalena Odarda (Vamos con Todos) rechazó de plano el articulado y consideró que la iniciativa es "un proyecto de ley a destiempo", ya que el gobierno nacional reprivatizó las represas meses antes. Sostuvo de forma categórica que "el agua no es un negocio, el agua es un derecho humano". Alertó que la actual concesión prioriza el lucro privado por sobre usos esenciales como el abastecimiento poblacional, el riego productivo y la protección ambiental en un contexto de emergencia hídrica.

El presidente de la bancada PJ-NE, Daniel Belloso, expresó su adhesión a los argumentos críticos y dio lectura a las preocupaciones manifestadas por diversas entidades productivas, mencionando específicamente a la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, y los consorcios de regantes de Fernández Oro. Advirtió que la redacción original del proyecto limita la base de cálculo del canon exclusivamente a los montos facturados en el mercado eléctrico mayorista, lo que podría dejar fuera de la retribución provincial a numerosos conceptos comerciales actuales o futuros.