Legisladores libertarios piden informes sobre el sistema de reconocimiento facial en Salud

Legisladores del conglomerado libertario elevaron al Gobierno provincial un pedido de informes para conocer los detalles de la implementación del sistema de reconocimiento facial destinado a controlar la asistencia de los trabajadores del Ministerio de Salud. La iniciativa está dirigida a los ministerios de Salud y Modernización y a la empresa estatal ALTEC, con el objetivo de determinar bajo qué condiciones se recolectarán, almacenarán y utilizarán los datos biométricos del personal sanitario.

El proyecto lleva la firma de María Laura Frei, Juan Martín, Ofelia Stupenengo y Juan Murillo Ongaro del PRO; César Domínguez y Marcela González Abdala de La Libertad Avanza; y Daniel Sanguinetti de Cambia Río Negro. Uno de los principales interrogantes que plantean es si el fichaje mediante reconocimiento facial tendrá carácter obligatorio, o si los trabajadores podrán optar por mecanismos alternativos que no requieran entregar información biométrica. Entre las opciones mencionadas aparecen las tarjetas magnéticas, los códigos PIN, las planillas firmadas y la presentación del Documento Nacional de Identidad.

Los legisladores también preguntaron qué ocurrirá si un agente se niega a registrar su rostro y si esa decisión podría derivar en inasistencias injustificadas, descuentos salariales o la pérdida del adicional por presentismo. Además, solicitaron conocer el protocolo que se aplicará cuando el sistema no funcione por cortes de energía, problemas de conectividad o fallas técnicas, especialmente durante los cambios de guardia.

El pedido reclama una copia de la Evaluación de Impacto en Protección de Datos realizada antes de las pruebas piloto y de la instalación de los dispositivos en el hospital de San Antonio Oeste y otros centros sanitarios. También requiere información sobre el lugar físico o la infraestructura digital donde se almacenarán los datos faciales, la eventual contratación de servidores privados o radicados en el exterior, las medidas de cifrado y seguridad informática, las auditorías previstas para evitar filtraciones o ataques, las personas y organismos autorizados para acceder a la información, el plazo durante el cual se conservarán los datos y el mecanismo para eliminarlos cuando finalice la relación laboral.

Los autores quieren saber, además, si existen cláusulas que prohíban a las empresas proveedoras ceder, comercializar o utilizar las métricas faciales para entrenar modelos de inteligencia artificial. La presentación advierte sobre la posibilidad de que el sistema genere falsas inasistencias por fallas en la identificación. Por eso, consulta si las decisiones serán completamente automatizadas o si existirá una revisión humana antes de aplicar descuentos o sanciones.

También pregunta cómo funcionará el reconocimiento cuando los trabajadores utilicen barbijos, cofias, anteojos recetados u otros elementos de protección habituales en los establecimientos sanitarios. Otro de los puntos apunta a determinar si se realizaron pruebas para detectar posibles diferencias en la precisión del sistema según el tono de piel, género, edad o rasgos físicos de las personas.

Los legisladores solicitaron que el Gobierno informe cuánto costará la implementación y presente un desglose de los gastos correspondientes a equipos, licencias y mantenimiento. Asimismo, pidieron conocer el encuadre legal de la contratación entre el Ministerio de Salud, ALTEC y las empresas privadas participantes, además de los estudios técnicos y económicos utilizados para elegir el reconocimiento facial en lugar de métodos considerados menos invasivos, como tarjetas de proximidad o lectores de huellas.

En los fundamentos, los autores aclararon que respaldan la modernización del Estado y el control del presentismo, pero sostuvieron que esas medidas no deben vulnerar derechos laborales ni las normas de protección de datos personales. "No nos oponemos al control; exigimos que el control se haga bien", expresaron en el proyecto. El pedido todavía debe ser tratado por la Legislatura para que la información sea solicitada formalmente a los organismos provinciales involucrados.