La Municipalidad compacta autos abandonados hace años en el playón del El Cóndor para liberar espacio

La Municipalidad de Bariloche inició un operativo de compactación de vehículos judicializados y abandonados que permanecían desde hace años en el playón municipal de la Delegación El Cóndor. La medida apunta a liberar espacio en un predio que suele saturarse con autos secuestrados durante controles, especialmente por infracciones vinculadas a documentación o alcoholemia.

Según informó el móvil de Voz Radio desde el lugar, los trabajos comenzaron hace pocos días y forman parte de una tarea de ordenamiento sobre unidades que ya estaban fuera de circulación y atravesaban una instancia avanzada de judicialización. En muchos casos, se trata de autos que llevaban más de cinco o seis años retenidos sin que sus propietarios avanzaran con el retiro.

Para realizar el procedimiento, el Municipio alquiló maquinaria especializada, equipada con una garra de gran potencia que permite desmantelar las carrocerías y reducirlas a bloques de chatarra. Antes de la compactación, las unidades son descontaminadas: se retiran motores, fluidos, neumáticos y otros elementos que no forman parte de la estructura metálica. Luego, la máquina destruye el chasis y lo comprime hasta convertirlo en cubos de dimensiones uniformes, de aproximadamente dos metros de largo por un metro de ancho.

La escena permite dimensionar el estado de abandono de muchos vehículos que, con el paso del tiempo, terminaron convertidos en focos de suciedad, acumulación de residuos y ocupación permanente de espacio público. El material resultante será entregado a la Asociación de Recicladores Bariloche, que incorporará la chatarra a su circuito de recuperación y comercialización. De ese modo, los autos que durante años representaron un problema operativo para el municipio tendrán un destino productivo dentro de la economía del reciclaje.

La problemática no es nueva. En Bariloche existen distintos sectores donde se acumulan vehículos abandonados o secuestrados, aunque el retiro definitivo suele depender de trámites administrativos y judiciales. En particular, cuando se trata de unidades ubicadas en barrios o espacios públicos, el proceso exige notificaciones fehacientes a los propietarios antes de avanzar con una remoción o destrucción.