La Legislatura rionegrina aprobó por mayoría el uso de pistolas Taser para la Policía provincial

La Legislatura de Río Negro aprobó ayer por mayoría un proyecto de ley que autoriza y regula el uso de armas menos letales por parte de la Policía de la Provincia. La iniciativa, impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), obtuvo 29 votos a favor y 8 en contra, dando media sanción a una normativa que busca modernizar las herramientas de la fuerza de seguridad provincial.

La propuesta tiene como objetivo dotar a la fuerza de seguridad de herramientas modernas que permitan una intervención eficaz y proporcional, reduciendo los riesgos tanto para los ciudadanos como para el personal policial. En la actualidad, el personal policial que presta servicio en la vía pública cuenta habitualmente con una pistola calibre 9 mm como arma reglamentaria, pero los fundamentos del proyecto advierten que el uso de armas de fuego debe limitarse a situaciones de riesgo real e inminente para la vida.

El texto de la ley define a las armas menos letales como aquellas diseñadas para incapacitar, disuadir o controlar a una persona disminuyendo significativamente la probabilidad de producir lesiones graves o la muerte. Entre los dispositivos autorizados se incluyen las pistolas tipo Taser o Axon, aerosoles irritantes (gas pimienta), proyectiles de impacto controlado como balas de goma o polímeros especiales, granadas aturdidoras acústicas o luminosas y lanzadores de agentes irritantes para control de multitudes. Estas tecnologías ya son empleadas por fuerzas de seguridad en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil y en diversas jurisdicciones de Argentina.

Para evitar abusos y garantizar la transparencia, la normativa establece condiciones estrictas. Únicamente podrán utilizar estas armas los efectivos que hayan recibido una capacitación específica y hayan aprobado los protocolos de entrenamiento técnico y operativo. Un punto central del proyecto es el control de las intervenciones: todo procedimiento donde se utilicen armas no letales deberá ser registrado obligatoriamente mediante sistemas de audio y video, lo que permitirá su posterior revisión administrativa o judicial.

Durante su fundamentación, Mansilla explicó que se trata de una iniciativa reiteratoria de un proyecto presentado en 2024, y remarcó la necesidad de adecuar la normativa provincial a estándares internacionales en materia de seguridad y derechos humanos. Recordó que tras la reforma constitucional de 1994, Argentina adhirió a convenios internacionales como el de Naciones Unidas Nº 34/169 que recomiendan a los Estados priorizar el uso de medios no violentos antes de recurrir a armas de fuego. "En Río Negro esto no quedó establecido en la ley vigente, que solo contempla el uso de armas letales", advirtió la legisladora.

La ley prevé que estas herramientas solo podrán utilizarse en escenarios específicos: para inmovilizar a quien represente un peligro inmediato, en defensa propia o de terceros, para impedir un delito de acción pública o para controlar situaciones de violencia donde otros medios resulten insuficientes. Mansilla subrayó que el uso de estos dispositivos estará limitado a personal especialmente capacitado y destinado a unidades específicas como brigadas operativas, y no formará parte del equipamiento cotidiano de todos los agentes.

El legislador de Cambia Río Negro, Santiago Ibarrolaza, expresó su respaldo al proyecto y lo calificó como una norma "integral y de vanguardia". Remarcó que la incorporación de estos dispositivos no implica un uso generalizado: "No es que vamos a ver a todos los policías con una Taser en la cintura", aclaró, subrayando que su aplicación apunta a intervenir en contextos extremos donde se requiere reducir riesgos.

Durante el tratamiento de la iniciativa, el legislador Fernando Frugoni (ARI-Cambiemos) pidió modificar la denominación y propuso reemplazar el término "armas no letales" por "armas menos letales", argumentando que todos los dispositivos contemplados pueden provocar la muerte en determinadas circunstancias. Por su parte, la legisladora Ayelén Spósito (Vamos con Todos) adelantó que no acompañaría el proyecto y advirtió sobre riesgos sanitarios y posibles usos en la represión de protestas, cuestionando especialmente su referencia para situaciones de salud mental.