La Legislatura aprobó la reforma del IPROSS que permite a empleados públicos elegir otra cobertura

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves por mayoría la reforma de la Ley Orgánica del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck. La iniciativa reemplaza la afiliación obligatoria por un sistema que permite a los agentes públicos activos y pasivos elegir otra cobertura para sí mismos y su grupo familiar primario. Sin embargo, la reforma generó fuertes críticas y no fue respaldada por los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro.

Uno de los puntos centrales y más discutidos de la reforma es el destino del dinero que se descuenta de los haberes. El 100% del aporte personal —4% para trabajadores activos y 5,5% para pasivos— se transferirá a la entidad receptora si el afiliado decide cambiar de cobertura. Si esa cobertura exige una cuota superior al monto derivado, la diferencia quedará a cargo del afiliado. En cambio, la contribución patronal del 7% seguirá ingresando íntegramente al IPROSS. El proyecto la asigna a planes oncológicos y especiales, prestaciones vinculadas con discapacidad y prótesis, y cobertura de farmacia ambulatoria y enfermedades crónicas.

La posibilidad de cambiar de cobertura no alcanzará a quienes ejerzan cargos electivos o de designación política, ni a las autoridades superiores de los poderes del Estado, organismos de control y empresas estatales. En el caso de jubilados y pensionados cuyos haberes liquida un organismo previsional nacional, la derivación de aportes dependerá de la firma de un convenio con ese organismo. La reforma prevé además que, si la entidad elegida deja de brindar cobertura por una causa ajena al afiliado, este se reincorpore automáticamente al IPROSS y sin carencias. Los tratamientos en curso deberán continuar sin interrupciones al concretarse el cambio.

Como miembro informante, Andrea Escudero (JSRN) defendió la iniciativa y rechazó que implique una privatización o vaciamiento del Instituto. "El proyecto no obliga a nadie a irse del IPROSS", remarcó. Según explicó, el objetivo es terminar con la condición de "afiliados cautivos" que durante años cuestionaron numerosos empleados públicos y permitir que cada trabajador decida si permanece o no en la obra social provincial. Escudero reivindicó además las mejoras que, según indicó, experimentó el Instituto en los últimos años: nuevos convenios con centros de alta complejidad, digitalización de trámites, ampliación de prestaciones odontológicas, cobertura de prótesis, medicamentos, discapacidad y tratamientos oncológicos. La legisladora sintetizó la reforma en tres objetivos: "libertad para el afiliado, fortalecimiento de la obra social y mejora obligada por parte de los prestadores".

Sin embargo, las críticas fueron contundentes desde la oposición. Gabriela Picotti coincidió con el principio de libre elección, aunque cuestionó duramente las condiciones establecidas. "Libertad es libertad verdadera, sin restricciones", sostuvo. Picotti puso el foco en que el trabajador solamente podrá disponer de su 4% y deberá afrontar de su bolsillo cualquier diferencia para contratar otra cobertura. También cuestionó las prestaciones actuales del IPROSS y mencionó demoras en prótesis, medicamentos y turnos, además del cobro de adicionales por parte de algunos profesionales. "Si realmente estuviese dando respuesta a los pedidos del afiliado, yo creo que ninguno de los trabajadores públicos decidiría o pediría irse de la obra social", planteó.

Martina Lacour también respaldó el principio de libre elección, pero objetó el mecanismo. Recordó que había presentado iniciativas en ese sentido anteriormente y cuestionó que el 7% patronal permanezca en el IPROSS aunque el Instituto deje de brindar cobertura al trabajador y su familia. "Liberamos a la persona pero retenemos el financiamiento", resumió. Lacour llegó a calificar el esquema como "prácticamente una estafa a los empleados" y pidió que la iniciativa fuera votada en general y en particular para poder acompañar el concepto de libre elección y rechazar los artículos con los que no coincidía.

Ayelén Sposito (Vamos con Todos) rechazó la reforma y la definió como "marketing libertario". Argumentó que no existe una libertad efectiva cuando solamente se permite derivar el 4% personal, ya que ese monto difícilmente resulte suficiente para contratar una cobertura privada. Sposito sostuvo además que la salida de ese porcentaje sí puede afectar al IPROSS porque se trata de recursos utilizados para prestaciones cotidianas. Para la legisladora, el debate debería ser otro: "En vez de estar discutiendo que la gente se vaya del IPROSS, tendríamos que estar discutiendo cómo mejoramos la obra social de los trabajadores del Estado". También puso el foco en las diferencias entre convenios con prestadores y en el cobro del denominado "plus" médico en algunas localidades.

César Domínguez adelantó su acompañamiento en general, aunque rechazó aspectos particulares. Defendió una concepción amplia de la libertad individual y recordó que había impulsado una iniciativa destinada particularmente a los jubilados. Sin embargo, consideró que el proyecto contiene restricciones que impiden hablar de una libertad plena: para trabajadores de menores ingresos, sostuvo, una prepaga puede resultar económicamente inaccesible, mientras determinados sectores directamente quedaron excluidos de la posibilidad de optar. A diferencia de otros opositores, Domínguez sostuvo que la reforma no desfinanciará al IPROSS.

Magdalena Odarda (Vamos con Todos) formuló uno de los cuestionamientos más duros. "No queremos perder la obra social que le pertenece a los trabajadores y trabajadoras", expresó, y responsabilizó al poder político por los problemas que arrastra el Instituto. También cuestionó que durante casi tres años no haya funcionado efectivamente la comisión legislativa de seguimiento del IPROSS. Odarda objetó además que el Ejecutivo haya enviado la iniciativa con acuerdo de ministros, permitiendo su tratamiento en única vuelta. Consideró que de esa manera se redujeron las posibilidades de participación de trabajadores, jubilados, sindicatos y municipios. Su bloque pidió postergar el tratamiento hasta contar con una auditoría sobre los números del Instituto y una evaluación del impacto que podría producir la salida de trabajadores con salarios elevados sobre jubilados, personas con discapacidad y pacientes con tratamientos prolongados o de alto costo.

Lucas Pica (JSRN) desarrolló uno de los principales fundamentos jurídicos del oficialismo. Sostuvo que el 4% personal integra el salario del trabajador, mientras que la contribución patronal del 7% tiene otra naturaleza jurídica y constituye una obligación directa del empleador destinada a financiar un sistema solidario. Por eso rechazó que exista un derecho individual del trabajador a llevarse también ese 7% cuando abandona el IPROSS. Para Pica, el sentido de la reforma puede resumirse en una pregunta directa al afiliado, sin intermediarios políticos ni sindicales: "¿Usted se quiere ir o usted se quiere quedar?". Por su parte, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) anticipó su acompañamiento y recordó que desde Primero Río Negro ya había impulsado iniciativas de libre elección. Consideró que mantener el 7% patronal dentro del Instituto permitirá sostener el sistema y financiar las prestaciones de mayor complejidad, entre ellas oncología y discapacidad.