La Legislatura aprobó el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a Río Negro por 20 años

La Legislatura de Río Negro ratificó hoy el convenio que transfiere la gestión y el mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151 a la provincia por un plazo de 20 años. La iniciativa, que había sido acordada entre el gobernador Alberto Weretilneck, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo, fue aprobada en única vuelta con 38 votos afirmativos y 3 negativos.

El proyecto establece las condiciones para el traspaso de ambos corredores a la órbita de la Dirección de Vialidad Rionegrina y declara la emergencia vial provincial por un año en toda la extensión de ambas rutas dentro de la provincia. Esta medida facultará a la autoridad de aplicación a realizar contrataciones directas de urgencia para obras y mantenimiento. Para financiar el programa de obras en los tramos de mayor criticidad, se autorizó al Poder Ejecutivo a contraer un endeudamiento de hasta 60 millones de dólares con el organismo FONPLATA u otra entidad de financiamiento multilateral.

El legislador Carlos Valeri, miembro informante de la iniciativa, expuso que la provincia arrastra un escenario de desinversión vial por parte de los sucesivos gobiernos nacionales de los últimos 14 años. Según los datos que brindó, el estado calamitoso de las rutas 22 y 151 costó la vida de 212 personas entre 2018 y 2026. Valeri explicó que el convenio marco establece la transferencia operativa de la infraestructura sin que la provincia pierda la jurisdicción ni el dominio federal de las rutas. Las obras de urgencia abarcan un total de 305 kilómetros y priorizan cuatro puntos críticos: la rotonda de Choele Choel, el tramo de la ruta 151 desde Barda del Medio hasta Catriel, la zona del puente 83 sobre la ruta 22 y un nuevo puente ferroviario en el ingreso a Cipolletti.

El legislador Leandro García manifestó su oposición al considerar que la transferencia de competencias sin recursos consolida "una estafa a los rionegrinos". García criticó que la provincia deba endeudarse en dólares mientras el Estado nacional recauda y retiene de forma discrecional los fondos generados por el impuesto a los combustibles en las estaciones de servicio locales. Por su parte, Luciano Delgado Sempé sostuvo que la Legislatura afronta "una encrucijada compleja entre la preservación del derecho a la vida de los vecinos y la asunción de una nueva deuda externa dolarizada". El parlamentario defendió que la provincia debe reclamar judicialmente los recursos viales que le corresponden por coparticipación de combustibles.

La legisladora Gabriela Picotti adelantó su voto afirmativo pero advirtió sobre la falta de precisiones técnicas respecto de los costos, plazos de amortización y tasas de interés del préstamo autorizado. Picotti objetó que se declare la emergencia vial para una situación que es resultado de un convenio previamente acordado y no de un hecho imprevisible. Ariel Bernatene fundamentó su acompañamiento pero exigió que la planificación provincial incorpore prioritariamente una solución para el tramo General Roca-Allen, donde circulan diariamente más de 11.000 vehículos y el transporte pesado destinado a Vaca Muerta representa el 38 por ciento del tránsito habitual.

Fernando Frugoni respaldó la iniciativa al señalar que "es momento de dar respuestas concretas a los vecinos de la región frente a la ausencia prolongada del Estado nacional en el territorio". Solicitó que los senadores y diputados de Río Negro impulsen a nivel federal la modificación de la ley de combustibles para que los fondos se coparticipen a las provincias que asuman trazas nacionales. Fabián Pilquinao prestó su voto favorable bajo el argumento de que la crisis vial actual constituye "una trampa mortal y una cuestión de emergencia humanitaria", aunque alertó sobre el peligro de que los recursos destinados al repago de la deuda resten presupuesto a sectores esenciales como salud, educación y seguridad.

Ayelén Spósito fundamentó su voto positivo en cumplimiento del pedido explícito de los intendentes municipales de su espacio político, cuyos distritos sufren diariamente las consecuencias del estado calamitoso de las calzadas. Solicitó formalmente que cualquier prórroga de la emergencia deba ser analizada y autorizada por la Legislatura provincial. Martina Lacour brindó su apoyo tras destacar la urgencia de reducir la alta tasa de siniestralidad vial en el Alto Valle, aunque consideró injusto que el costo de reparación de la ruta 151 deba ser costeado por todos los rionegrinos, opinando que la traza debió quedar bajo un esquema de concesión a cargo de las empresas petroleras que la deterioran con el tránsito pesado de Vaca Muerta. Pedro Dantas destacó la relevancia de la infraestructura vial para el desarrollo de Vaca Muerta y argumentó que el desarrollo no convencional rionegrino en áreas como Campo Grande ofrece previsibilidad financiera para afrontar el endeudamiento, debido a que las regalías se liquidan en dólares.