La Justicia interviene por las deficiencias edilicias de la Escuela 71

La situación edilicia de la Escuela 71 "Don José de San Martín" llegó a los tribunales tras años de reclamos sin respuesta. Este martes por la mañana se realizó una audiencia judicial por el recurso de amparo presentado por padres, docentes y representantes de UnTER, quienes buscan que la Justicia ordene medidas concretas al Ministerio de Educación de Río Negro.

Las deficiencias edilicias que motivaron el amparo incluyen falta de agua, grietas en las paredes, techos rotos y hasta la posible presencia de asbesto en la construcción. El edificio fue construido con estructuras prefabricadas provenientes del cierre de Villa Alicurá y fue pensado como una salida transitoria que lleva más de 30 años vigente, albergando actualmente unos 500 alumnos entre los turnos mañana y tarde.

El recurso de amparo, presentado el 23 de febrero, señala que "la presente acción tiene como raíz las condiciones edilicias de la Escuela 71, la falta de agua, deterioro y rotura de techos, paredes, falta de arreglos y posibilidad de presencia de asbesto en la construcción". La comunidad educativa indicó que si bien en 2025 se llevaron a cabo algunos arreglos, "resultan insuficientes por haberse utilizado materiales de baja calidad, lo que provoca que nuevamente se estén comenzando a romper los arreglos".

Entre los problemas más graves se encuentra que "la escuela casi en su totalidad no cuenta con agua, especialmente en los baños y en la cocina, y el sector donde sí hay agua, no brinda cobertura a estos espacios de vital importancia". Además, se plantearon deficiencias en las instalaciones eléctricas, con sectores sin adecuar, materiales de baja calidad y ausencia de medidas básicas de seguridad.

Durante la audiencia, el juez Juan Frattini dispuso la realización de un peritaje visual en la institución, que será llevado adelante con la participación de un grupo reducido de padres y docentes para determinar el estado real de las obras realizadas y las intervenciones aún necesarias. También se solicitó que los estudios técnicos correspondientes, incluyendo análisis de agua, condiciones de gas y presencia de monóxido de carbono, sean financiados por el Estado. La comunidad educativa reafirmó su compromiso de continuar trabajando hasta obtener respuestas concretas.