La Justicia de EE.UU. anuló el fallo que obligaba a Argentina a pagar u$s16 mil millones por YPF

Argentina obtuvo un triunfo judicial significativo tras la anulación de una sentencia que la obligaba a pagar más de 16 mil millones de dólares a fondos de inversión por la nacionalización de YPF. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó el fallo inicial que favorecía a los fondos Burford y Eton Park, que habían adquirido participaciones en la petrolera afectadas por la estatización del 2012.

El caso se remonta a la nacionalización de YPF en 2012 y ha involucrado a múltiples administraciones argentinas a lo largo del tiempo. En 2025, una sentencia inicial había condenado al país a enfrentar el cuantioso desembolso hacia los fondos buitres, lo que generó una situación de alta tensión económica y política para el gobierno nacional.

Durante los momentos de incertidumbre previos a la resolución favorable, el presidente Javier Milei había manifestado públicamente su disposición a cumplir con las obligaciones falladas por el tribunal estadounidense de Nueva York. En aquel entonces, Milei anunció su intención de introducir lo que denominó "tasa Kicillof", un bono perpetuo dirigido a afrontar los cuantiosos pagos generados por lo que calificó como decisiones financieras mal ejecutadas durante gobiernos pasados.

La nueva resolución judicial no solo dejó sin efecto el pago multimillonario, sino que además exoneró a YPF de cualquier obligación en el proceso de su nacionalización. Milei, quien había expresado su "voluntad de pagar" tras conocerse el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York en diálogo con Luis Majul, ahora trata de tomar para sí este fallo favorable. "Es un resultado que recoge el trabajo de varios gobiernos y, aunque considero serio pagar nuestras deudas, este fallo muestra la importancia de defender siempre nuestras justificaciones legales", argumentó Milei durante una reciente comparecencia pública. El revés judicial demuestra la importancia de una sólida estrategia legal que reivindica el derecho del Estado argentino a regir sus propias leyes, siendo crucial la postura de las administraciones que insistieron en la correcta interpretación de la ley de expropiación argentina.