La Corte Suprema confirmó las condenas por sobresueldos a ex ministros radicales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la apelación de los ex funcionarios radicales involucrados en la causa sobresueldos y confirmó el fallo que había dictado el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, dejando firmes las condenas penales de primera instancia. Con esta decisión del máximo tribunal del país, César Barbeito y Francisco González, ex ministro de Coordinación y ex secretario General de la Gobernación respectivamente, deberán cumplir tres años y medio de prisión efectiva.

También quedaron firmes las penas de dos años y medio de prisión para los ex ministros Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy, además del extesorero José Ongaro. En su momento, un tribunal conformado por Ignacio Gandolfi, Gustavo Guerra Lavayen y Marcelo Valverde había dictado las condenas, con la actuación de los fiscales Hernán Trejo y Paula Rodríguez Frandsen. Posteriormente, el Superior Tribunal confirmó esa sentencia con los votos de Ricardo Apcarián, Adrián Zimmermann y Rita Custet, estos últimos como subrogantes, mientras que Sergio Barotto y Enrique Mansilla -hoy jubilado- habían votado por la anulación de las condenas.

Según la acusación fiscal, los funcionarios autorizados cobraban en ventanilla una suma de dinero que era sustraída de la esfera de control de la Administración, para luego distribuirla total o parcialmente entre cargos jerárquicos de cada área de manera discrecional. Al apelar ante el STJ, las defensas plantearon la nulidad de la elevación a juicio, alegando omisiones que "impidieron la adecuada defensa". Argumentaron que no era correcta la tipificación de peculado, ya que "el dinero no quedó en manos de los imputados, sino que fue pagado a cada uno de los funcionarios, quienes recibieron y firmaron recibos". Además, sostuvieron que "no se pudo probar el dolo directo que exige el tipo penal" y pusieron de relieve que los organismos de control internos y externos intervinieron en el chequeo de los gastos.

El voto mayoritario del STJ consideró que "en todas las etapas del proceso el derecho de defensa fue cierto, real y ejercido activamente por los imputados y sus defensas técnicas", rechazando así los planteos. Los jueces señalaron que los acusados "dejaron transcurrir el plazo legal que tenían para oponerse, al consentir la elevación a juicio en los términos que había sido requerida por el Ministerio Público Fiscal", por lo que la etapa estaba precluida. Respecto al procedimiento de cobro, el fallo destacó que "no existía ninguna norma que previera el pago del adicional para los funcionarios y, por lo tanto, el dinero en efectivo que cobraban los imputados era distribuido por estos discrecionalmente, sin ningún parámetro legal".

La sentencia fue contundente al señalar que "los imputados separaron y sustrajeron esos fondos de la esfera de custodia de la Administración y los pusieron bajo su control, para distribuirlos luego a los beneficiarios según su arbitrio". El tribunal también descartó el argumento sobre controles externos: "En rigor, los controles externos no existieron respecto de los expedientes administrativos por los que aquí se juzga a los imputados. El Tribunal de Cuentas y la Legislatura aprobaron la ejecución del presupuesto y gastos globales, pero no se acreditó que tuvieran control sobre los referidos expedientes concretos". Además, el fallo señaló que si bien una parte del dinero se utilizó con el destino declarado, "no queda tan claro el destino de la totalidad de esos montos, o al menos de algunas porciones importantes del total", según un informe del Tribunal de Cuentas.