La CEB y el Municipio acordaron una tregua de tres meses para negociar alumbrado público y deudas

Después de semanas de confrontación pública, inspecciones, reclamos económicos y fallos judiciales, la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) y el Municipio acordaron abrir una mesa de diálogo por aproximadamente tres meses y evitar nuevos movimientos unilaterales mientras intentan ordenar los principales puntos de conflicto.

El presidente de la CEB, Alejandro Pozas, explicó en una entrevista con Voz Radio 103.7 que el acuerdo comenzó a gestarse prácticamente al mismo tiempo que se conocían las últimas resoluciones judiciales. "Surgió la posibilidad de que ambas partes se sentaran, representantes de las dos instituciones, y se hizo una mesa de diálogo ahí rápidamente tratando los principales puntos", relató. Según Pozas, el entendimiento inicial contempla no innovar ni avanzar sobre las cuestiones actualmente judicializadas mientras dure esta instancia de negociación. "Se fijó un plazo, un espacio de diálogo de más o menos tres meses, porque entendemos que algunos de los puntos obviamente son inmediatos y otros llevan más tiempo tratarlos", explicó.

Uno de los puntos más sensibles quedó, al menos por ahora, congelado. El intendente Walter Cortés había anunciado la decisión de que el Municipio asumiera directamente el servicio de alumbrado público desde septiembre. Esa decisión derivó en una fuerte disputa con la Cooperativa y terminó en la Justicia. Pozas confirmó que, en el marco de la tregua, la CEB continuará administrando el alumbrado público durante los próximos tres meses. El dirigente recordó que la entidad lleva cerca de 38 años a cargo del servicio y sostuvo que, durante el último año, se habían impulsado tareas de modernización e incorporación de tecnología. "Nos dolía llegar a esta situación y decir: 'Che, todo lo que vimos que se podía aplicar, tal vez no lo podamos aplicar, retrocedemos, a la ciudad no le hace bien'", afirmó.

Otro eje central será la discusión económica. Pozas confirmó que se reactivará la comisión de transacciones, el mecanismo utilizado históricamente para conciliar las cuentas entre el Municipio y la CEB. "Hay una comisión de transacciones que vuelve a funcionar y le empieza a dar un tratamiento que históricamente se dio entre el Estado Municipal y la Cooperativa", explicó. Ese ámbito deberá revisar las deudas que cada parte sostiene contra la otra y buscar un esquema que permita ordenar las diferencias sin comprometer el funcionamiento financiero de ninguna de las dos instituciones. "También está en el día a día no afectar ninguna de las dos economías, porque las dos prestamos servicio, porque las dos tenemos responsabilidad con nuestros ciudadanos", sostuvo.

El acuerdo político llegó mientras la Justicia empezaba a poner límites concretos a algunas decisiones del Municipio y, al mismo tiempo, habilitaba reclamos económicos de la Cooperativa. Pozas señaló que ambas cosas ocurrieron en paralelo. "En el mismo momento en donde se había entablado una mesa de diálogo, surgen las dos resoluciones", dijo. Una de esas decisiones judiciales ordenó al Municipio abstenerse de exigir a la CEB el cobro de la tasa de alumbrado público hasta que ambas partes acuerden las condiciones o se resuelva la discusión administrativa correspondiente. La otra habilitó una ejecución promovida por la Cooperativa contra el Municipio y el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda por más de $3.903 millones de capital, aunque esa sentencia es monitoria y puede ser discutida por los organismos municipales.

Pozas interpretó esas resoluciones como parte de un proceso de ordenamiento. "Había una posición de la Justicia de ordenar un poco lo que la normativa ya venía marcando", sostuvo. Para el presidente de la CEB, la salida pasa ahora por intentar reconstruir institucionalmente el vínculo. "Me parece que esto en algún momento se tenía que dar: volver a foja cero y sentarnos a dialogar, a encontrar un punto de acuerdo", afirmó. La relación había escalado desde la discusión por el alumbrado hasta la inspección realizada en la sede central de la Cooperativa, que estuvo a punto de terminar en clausura, además de los expedientes judiciales y las acusaciones cruzadas.

El dirigente insistió en que la prioridad debe estar puesta en evitar consecuencias sobre los usuarios. "El principal objetivo que nosotros siempre nos hemos fijado es que no afecte el servicio, que no afecte a la calidad de los usuarios, de los asociados, de los vecinos", señaló. Y agregó: "Nuestros asociados son los mismos vecinos que tiene que atender el Municipio". Pozas sostuvo que existen diferencias de metodología y de administración entre ambas instituciones, pero que esas divergencias no deberían trasladarse a la prestación de servicios. "Podemos pensar diferente, podemos hacer la operación diferente, podemos administrar diferente, pero lo que no podemos afectar es al vecino", afirmó. El presidente de la CEB reconoció que dentro del propio gobierno municipal existen funcionarios con experiencia previa en la Cooperativa y que, pese a ese conocimiento mutuo, las diferencias en las formas de trabajo terminaron generando choques. "Creo que cuando hay dos metodologías de trabajar diferentes, o que marcan sus diferencias en distintos aspectos, se choca", explicó. Y marcó un límite para lo que viene: "Lo que debemos evitar es chocar justamente. No podemos llegar más a esos niveles".