Israel aprueba pena de muerte por ahorcamiento para asesinatos terroristas tras votación dividida

El Parlamento israelí, conocido como la Knéset, aprobó este lunes una polémica reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para aquellos condenados por asesinato en actos de terrorismo. La votación culminó un acalorado debate que dividió opiniones a nivel parlamentario, recibiendo 62 votos a favor y 48 en contra.

La nueva legislación ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos, que señalan que esta medida solo se aplicará en la práctica a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada y no a los ciudadanos judíos israelíes. La ley obliga a los tribunales militares a imponer la pena capital a los palestinos encontrados culpables por actos de terrorismo, a diferencia de los tribunales civiles que aún tienen la posibilidad de optar por la cadena perpetua para los ciudadanos israelíes implicados en casos similares, pero con requisitos más estrictos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mostró su apoyo a la reforma asistiendo a la votación en el plenario de la Knéset y votando a favor, a pesar de la controversia que ha suscitado tanto dentro como fuera de las fronteras del país. El promotor de la ley, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, resaltó el carácter disuasorio de esta disposición legal, expresando que "quien elige el terrorismo, elige la muerte", enfatizando el carácter ejemplarizante que buscaría tener la nueva normativa ante las amenazas terroristas.

La oposición dentro de la Knéset y diversos analistas legales han cuestionado la constitucionalidad de esta ley, argumentando que es inmoral y viola los principios de igualdad ante la ley. Voces opositoras del partido Yesh Atid condenaron enérgicamente la aprobación de la ley, tildándola de herramienta populista para ganar el apoyo de ciertos sectores del electorado. La reforma no se aplicará a casos pasados, ni siquiera aquellos tan recientes como los atentados del 7 de octubre, ya que para estos se discute una legislación separada.

Tres meses de acalorado debate antecedieron la votación, período en el cual se discutieron profundamente las condiciones y el impacto potencial de aplicar una medida tan drástica exclusivamente a un grupo específico de la población. En la práctica, la reforma refuerza una diferenciación de facto en el sistema legal aplicado a palestinos comparado con israelíes, al ser únicamente juzgados por tribunales militares. Aunque una disposición permite la posibilidad de pena de muerte a israelíes, ésta se restringe a aquellos actos que busquen específicamente negar la existencia del Estado de Israel, una cláusula extremadamente difícil de aplicar a situaciones típicamente asociadas con actos terroristas.