Impulsan acciones judiciales para revisar la validez de la concesión del Cerro Catedral

La discusión por el futuro del Cerro Catedral regresó al Concejo Municipal con una propuesta que busca llevar nuevamente el conflicto a la Justicia para obtener una definición de fondo sobre la validez de la concesión. El bloque Incluyendo Bariloche, representado por el concejal Leandro Costa Brutten, presentó un proyecto de ordenanza para que el gobierno de Walter Cortés impulse las acciones judiciales necesarias y determine si la readecuación contractual aprobada en 2018 es válida.

La iniciativa no declara inválido el contrato ni dispone la salida inmediata de Catedral Alta Patagonia (CAPSA), sino que plantea que sea un tribunal quien resuelva una discusión que, según sostiene el autor, nunca tuvo una sentencia definitiva sobre el fondo. En caso de que la Justicia concluya que la readecuación fue inválida, el Ejecutivo debería avanzar con la rescisión de la concesión. Hasta que exista una resolución firme, quedarían suspendidos nuevos convenios, ampliaciones, permisos o desarrollos vinculados con aquel acuerdo.

El proyecto 677-26 establece que el Ejecutivo deberá iniciar, dentro de los 60 días posteriores a la promulgación de la ordenanza, una acción judicial para obtener una definición sobre la readecuación contractual. El cuestionamiento alcanza a la Ordenanza 2929-CM-18, mediante la cual se aprobó el nuevo esquema de la concesión, y a los actos administrativos vinculados con el acuerdo celebrado entre la Municipalidad y Catedral Alta Patagonia. Los fundamentos reconstruyen los procesos iniciados después de la aprobación de la readecuación en 2018 y sostienen que, si bien hubo decisiones judiciales posteriores, ninguna habría analizado de manera definitiva la validez del contrato, concentrándose en cuestiones procesales como la legitimación de quienes habían iniciado las causas o la vía utilizada para cuestionar el acuerdo.

Mientras avance el eventual juicio, el proyecto propone que el Ejecutivo no pueda aprobar nuevos convenios, contratos, adendas, permisos, autorizaciones, modificaciones ni proyectos que amplíen o consoliden derechos surgidos del acuerdo de 2018. La restricción también alcanzaría a desarrollos urbanísticos, comerciales o inmobiliarios vinculados con el área concesionada. El objetivo declarado es evitar que, durante los años que podría demandar el proceso, se generen nuevas situaciones difíciles de revertir si finalmente la Justicia invalida el contrato. La suspensión no sería absoluta, ya que el texto exceptúa las decisiones indispensables para garantizar la continuidad del servicio, la seguridad de las personas, el mantenimiento de la infraestructura y el cumplimiento de obligaciones esenciales.

La iniciativa incorpora mecanismos de seguimiento político y administrativo. El Tribunal de Contralor tendría 30 días para expedirse sobre el estado de cumplimiento del contrato y analizar las posibles acciones que correspondan dentro de sus atribuciones. El Ejecutivo, por su parte, debería informar mensualmente al Concejo sobre las presentaciones judiciales realizadas, el estado del expediente, las resoluciones adoptadas y las medidas impulsadas para proteger los intereses municipales. Cada novedad relevante debería ser comunicada dentro de los cinco días hábiles posteriores a que el Municipio tome conocimiento.

El proyecto también intenta anticipar el escenario de una sentencia que deje sin efecto la readecuación o disponga la rescisión de la concesión. En ese caso, el Municipio tendría que adoptar medidas para garantizar la continuidad de los servicios y evitar que la actividad del cerro quede interrumpida. El texto habla de una administración provisional mientras se define un nuevo modelo, aunque no establece quién debería asumirla ni bajo qué estructura concreta. Luego se abriría un proceso de participación ciudadana de hasta 180 días para discutir el régimen futuro de administración, explotación y gestión de Catedral, que debería incluir audiencias y consultas públicas, talleres, participación de instituciones, intervención de sectores vinculados con la montaña y tratamiento abierto en el Concejo.

Los fundamentos del proyecto reúnen una extensa serie de cuestionamientos a la readecuación contractual. Incluyendo Bariloche menciona el incumplimiento de inversiones, sanciones aplicadas a la concesionaria, demoras en el plan de modernización, dificultades de acceso para residentes y sectores sociales, y controversias sobre proyectos inmobiliarios y ambientales. También cuestiona el desarrollo previsto sobre tierras del cerro y advierte sobre la necesidad de evaluar sus posibles efectos en zonas de bosque, áreas sensibles y sectores vinculados con el suministro de agua. CAPSA ha defendido públicamente su cumplimiento contractual, sus inversiones y el esquema de beneficios para residentes, clubes, federaciones y programas sociales.

El proyecto llega en un momento de fuerte tensión entre Cortés y CAPSA. El intendente cuestionó en las últimas semanas el trato hacia residentes, deportistas federados, fotógrafos, jubilados y personas con discapacidad, habló de "apatía" hacia los barilochenses y advirtió que el Concejo debía revisar la relación contractual. La iniciativa coloca al intendente ante una definición concreta: respaldar el proyecto implicaría convertir su discurso crítico en una estrategia judicial de consecuencias difíciles de anticipar, mientras que rechazarlo podría exponer la distancia entre las advertencias públicas y su voluntad de revisar formalmente el contrato. La discusión también atravesará al Concejo, cuyos integrantes deberán pronunciarse sobre una readecuación aprobada por un cuerpo anterior, pero que continúa definiendo la administración del cerro hasta mediados de siglo.