Hasta un año de demora para jubilarse: 80 docentes de Bariloche esperan resolución de ANSES

La demora en las jubilaciones docentes dejó de ser una sucesión de casos aislados y comenzó a tomar dimensión de conflicto provincial. En Río Negro, cientos de trabajadores de la educación tienen sus expedientes demorados ante ANSES y, según el relevamiento de UNTER, alrededor de 80 corresponden a Bariloche. Algunos continúan trabajando mientras esperan una resolución. Otros tomaron una decisión mucho más riesgosa: presentaron la renuncia definitiva confiando en que comenzarían a cobrar su jubilación y hoy aseguran encontrarse sin salario y sin haber previsional.

"Los que hemos decidido renunciar definitivamente no tenemos ni sueldo ni jubilación y tampoco tenemos una fecha de cuándo va a llegar esta solución", contó a Voz Radio 103.7 la docente María de los Ángeles Rivas. La situación fue abordada junto con Claudia Baum, referente del área de Jubilaciones de UNTER Bariloche, quien puso una definición todavía más cruda sobre quienes ya dejaron sus cargos: "No solo no están cobrando, sino que no tienen acceso a la obra social IPROSS y tampoco tienen seguro de vida. Esas personas están en el limbo".

Rivas explicó que inició el trámite una vez cumplidos los requisitos correspondientes al régimen docente y después de recibir la documentación necesaria del Ministerio de Educación. La expectativa inicial era otra. "Nos habían informado, en términos genéricos, que la demora era de cuatro a cinco meses, que es un término lógico o esperable. Fueron pasando esos meses y estamos entre nueve, diez meses y hasta un año de demora", relató. La magnitud del problema comenzó a aparecer cuando los afectados empezaron a contactarse entre sí. "En principio éramos individuos: me pasaba a mí, le pasaba a otro. Hasta que lo pudimos socializar y nos dimos cuenta de que en la provincia eran más de 300 personas, alrededor de 400", señaló.

Uno de los relevamientos manejados por los docentes contabilizaba 377 expedientes, aunque Baum sostuvo que la estimación actual se acerca a 450 casos provinciales. Las cifras coinciden en términos generales con relevamientos recientes que ubican alrededor de los 400 los expedientes docentes demorados en ANSES. Meses atrás, el propio gobernador Alberto Weretilneck había reconocido dificultades, aunque entonces habló de unos 55 casos.

En la seccional local de UNTER, el problema inicialmente aparecía bastante más acotado. "Nos estaban llegando casos individuales", explicó Baum. A partir de esos reclamos, el sindicato convocó a los docentes afectados y comenzó a cruzar información con ANSES. El primer listado tenía unas 50 personas. "Nos dimos cuenta de que no, que eran muchísimas más: alrededor de 80 en Bariloche y en toda la provincia alrededor de 450 personas en esta situación. Esto es gravísimo", afirmó. El crecimiento del listado cambió también la naturaleza del reclamo: dejó de tratarse de expedientes particulares demorados para convertirse en una discusión sobre el mecanismo previsional que Río Negro mantiene con ANSES.

Baum apuntó directamente al Gobierno provincial. Según explicó, el origen de las actuales demoras está relacionado con un acuerdo firmado entre Río Negro y ANSES en 2021 para regularizar la situación previsional de los docentes. "El Gobierno de Río Negro se comprometía a pagar los haberes de todos los trabajadores de manera remunerativa. Todos los haberes iban a estar blanqueados. Esta situación no pasó", sostuvo la dirigente gremial. Los antecedentes oficiales confirman que en 2021 Provincia y ANSES firmaron un esquema para destrabar jubilaciones docentes afectadas por componentes salariales no remunerativos. Luego, el Consejo Provincial de Educación aprobó la Resolución 5933/21, que estableció un régimen de regularización de aportes y contribuciones para trabajadores próximos a jubilarse.

La formulación oficial de aquel convenio es más específica que la descripción gremial: la Provincia se comprometió a regularizar aportes correspondientes al personal ubicado dentro de los 36 meses previos a la jubilación, con mecanismos particulares para cancelar las diferencias existentes. Pero cinco años después, el problema reapareció. En septiembre, el Ministerio de Educación sostuvo que ANSES había paralizado expedientes a partir de una "nueva interpretación" del convenio de regularización, mientras avanzaba con acuerdos o moratorias individuales para intentar destrabar cada caso. UNTER rechaza que esa explicación quite responsabilidad a la Provincia. "No estamos pudiendo acceder al derecho a jubilarnos, no por culpa nuestra, porque esto es algo ajeno a nuestra voluntad, sino por una irresponsabilidad del Gobierno provincial que no cumplió con sus obligaciones", afirmó Baum.

La demora tiene consecuencias diferentes según la situación de cada docente. Quienes presentaron una renuncia condicionada o provisional continúan trabajando hasta que se confirme el beneficio. Eso les garantiza ingresos, pero posterga el retiro y mantiene ocupados cargos que podrían liberarse. Quienes presentaron una renuncia definitiva afrontan un escenario mucho más delicado. "En ambos casos hay estrés y desesperación porque no tenemos una fecha real de cobro", explicó Rivas. El propio gremio había advertido en junio sobre ese riesgo y recomendó expresamente no presentar la renuncia definitiva hasta haber cobrado el primer haber jubilatorio, justamente ante las demoras que comenzaban a registrarse. Para quienes ya renunciaron, esa advertencia llegó tarde. Según Baum, dejaron de percibir el sueldo docente, todavía no cobran la jubilación y además pierden coberturas que estaban asociadas a su relación laboral.

El conflicto no termina en los trabajadores que esperan jubilarse. Baum remarcó que los cargos ocupados por docentes que ya tienen edad y aportes para retirarse pero deben continuar trabajando no quedan disponibles para nuevos profesionales. "Esta situación está perjudicando no solo a los compañeros que están tratando de jubilarse en pleno derecho, sino también a los compañeros que están ingresando a la docencia", sostuvo. Y explicó: "Los que estudiaron en institutos de formación o universidades no están pudiendo acceder a su trabajo porque estamos nosotros". Se produce así un efecto en cadena: docentes que desean retirarse pero no pueden hacerlo, trabajadores que renunciaron y quedaron sin ingresos y graduados que esperan que se liberen cargos.

Para Rivas, uno de los principales cambios de las últimas semanas fue comprender que el atraso no correspondía solamente a dificultades particulares de determinados expedientes. "Nos hemos enterado de esta realidad porque al principio éramos individuos. Me pasaba a mí, le pasaba a otro. Hasta que pudimos socializarlo", explicó. El reclamo pasó ahora a ser colectivo y tiene dos destinatarios: la Provincia, por el esquema de aportes y las gestiones administrativas, y ANSES, porque los expedientes permanecen detenidos. Mientras tanto, Educación sostiene que está trabajando en regularizaciones individuales y atribuye parte de las nuevas objeciones a un cambio de criterio del organismo nacional.