Gremios estatales rechazan sistema biométrico facial en hospitales por considerar que desatiende prioridades

El Gobierno de Río Negro anunció la implementación de un sistema de control de asistencia por reconocimiento facial en el hospital de San Antonio Oeste como experiencia piloto, que de resultar exitosa se aplicará en el resto de los nosocomios provinciales. La medida generó un fuerte rechazo por parte de los sindicatos UPCN y ATE, que cuestionaron las prioridades del Ejecutivo provincial.

Desde UPCN, el sindicato que conduce Juan Carlos Scalesi, manifestaron que "el problema no es el control del presentismo, el problema son las prioridades". Los representantes gremiales expresaron su indignación ante lo que consideran una obsesión del Gobierno por perseguir al personal mientras ignora la crisis salarial y edilicia. "Nos preguntamos con total preocupación: ¿por qué el Gobierno pone tanta energía, tiempo y recursos en controlar, pero no pone esa misma atención en los sueldos irrisorios que cobran los trabajadores?", cuestionaron.

El gremio también señaló contradicciones en la inversión estatal, indicando que la provincia destina 1500 millones de pesos en un control de presentismo mientras el tomógrafo del hospital Artemidez Zatti lleva 2 meses roto, cuyo arreglo cuesta aproximadamente 60 mil dólares. "¿Por qué el gobierno no invierte este dinero en tecnología que mejore la atención de los pacientes? Parece una burla", aseguraron desde UPCN. Además, criticaron que se haya contratado previamente una empresa privada para auditar certificados médicos por enfermedad, con un costo anual superior a los 3500 millones de pesos.

Por su parte, ATE, conducido por Rodrigo Vicente, expresó que la inversión de 1500 millones de pesos a la empresa privada Airata S.A., a través de ALTEC S.E., refleja una distorsión de prioridades. Carolina Suárez, secretaria general de la seccional Allen de ATE y referente provincial de salud, señaló: "Es una contradicción que el Ministerio de Salud se ocupe de la implementación de sistemas de alta tecnología de control humano, cuando esos recursos de dinero podrían destinarse a mejorar la calidad de la atención de los hospitales".

El sindicato también manifestó preocupación por la manipulación y uso de datos biométricos, argumentando que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y vulneran la normativa de protección de datos. ATE citó la resolución 4/2019 de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AIP), que estipula en su artículo 5 que el tratamiento de datos biométricos es ilícito, y que aunque hubiera consentimiento expreso, no podría considerarse libre ante la relación asimétrica de poder entre empleador y empleado. La normativa también advierte que la filtración de estos datos sensibles podría causar daños irreparables por fraude de identidad.

"El ministro Thalasselis pretende tapar con espejos de colores la situación crítica que atraviesan los hospitales y centros de atención primaria de la salud", afirmó Rodrigo Vicente. El dirigente agregó que "el centro del deterioro de la salud de los rionegrinos no está en si un hospitalario hace una hora de más o de menos, sino en el déficit presupuestario que arrastra desde hace un tiempo el ministerio". Según consta en el portal de Compras de Río Negro, el destino de los equipos son los 36 hospitales públicos y los 190 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en distintas localidades, aunque la documentación oficial deja abierta la posibilidad de extender el sistema a otros organismos de la administración pública.