Frugoni apoya proyecto de narcotest para funcionarios públicos y propone unificar iniciativas

El legislador de la CC-ARI, Fernando Frugoni, valoró positivamente el proyecto de ley presentado por su par de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla, destinado a realizar test a funcionarios de los tres poderes del Estado provincial para determinar el consumo de drogas y sustancias prohibidas. Según Frugoni, esta propuesta "va exactamente en la misma línea del que presentamos desde nuestra bancada el 16 de diciembre del año pasado".

El parlamentario señaló que estas iniciativas no son novedosas, recordando que en septiembre de 2016, los entonces legisladores Ariel Rivero, Javier Iud y Alejandro Marinao habían ingresado un proyecto similar que no prosperó. Admitiendo la complejidad y sensibilidad del tema, Frugoni explicó que el proyecto presentado por su bancada "tiene un alcance un poco mayor hacia quiénes está dirigido", aunque también prevé "amplias garantías de confidencialidad, defensa y debido proceso para los funcionarios que deban someterse a los exámenes".

La propuesta de la CC-ARI fue elaborada en base a legislación comparada, incluyendo sistemas legales y normas de diferentes países, y fue estudiada durante varios meses con asesores especializados. Frugoni reveló que en agosto del año pasado se reunió con la vicegobernadora de Neuquén, Zulma Reina, para analizar la propuesta neuquina que fue aprobada en septiembre en esa provincia. Existen normas similares vigentes en Entre Ríos, San Luis, Córdoba y varias municipalidades del país.

El también vicepresidente de la bancada CCARI-Cambiemos aclaró que "esto no se trata de una caza de brujas, ni de meterse en la vida privada de nadie, ni de realizar juicios morales, ni de estigmatizar a las personas", sino de evitar restricciones en las capacidades indispensables para el ejercicio responsable de la función pública, conforme al artículo 51° de la Constitución provincial. Reconoció que la propuesta causa malestar en algunas personas y rechazo en otras, pero enfatizó que buscan colaborar en el fortalecimiento del sistema, la transparencia en la función pública y el resguardo de las instituciones.

Ante la existencia de dos propuestas similares, Frugoni explicó que "si ambos proyectos llegan al debate de comisiones, seguramente nos pondremos de acuerdo con Mansilla y unificaremos su texto al nuestro para tener la mejor Ley posible en Río Negro". La propuesta de la CCARI garantiza la transparencia del procedimiento y determina que la Defensoría del Pueblo, con apoyo técnico del Ministerio de Salud y la intervención de la Escribanía General de Gobierno, seleccione dos veces al año mediante sorteo aleatorio a cuarenta funcionarios de los tres poderes para someterse a los exámenes.

El proyecto alcanzaría al Gobernador y Vicegobernador, Ministros, Secretarios de Estado, Secretarios y Subsecretarios, titulares de Empresas Públicas y Entes Autárquicos, Fiscal de Estado, Jefe y Subjefe y personal superior de Policía, titular del Servicio Penitenciario Provincial, integrantes del Superior Tribunal de Justicia, Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Secretarios de Juzgado, Legisladores y Secretarios de la Legislatura, Defensor del Pueblo Titular y Adjunto y miembros del Tribunal de Cuentas.