Fiscalía pidió condena para Tamburrini y absolvió a Iribarren en causa Techo Digno

Finalizó la instancia oral del juicio por la causa Techo Digno en Sierra Grande. Tras los alegatos, el fiscal Juan Pedro Peralta concluyó con pedidos de condenas para el exintendente Renzo Tamburrini (PJ) y sus funcionarios, pero no acusó al exjefe comunal Nelson Iribarren (UCR). El próximo miércoles 10 de junio se conocerá la sentencia.

La Fiscalía pidió que se declare la responsabilidad penal por la sobrecertificación de avances de obra que emitió la Municipalidad habilitando el pago a la empresa contratista del plan de viviendas. El Ministerio Público sostuvo que el exintendente Renzo Tamburrini, Mauro Tamburrini y Ernesto Noel —secretarios de Gobierno y de Obras, respectivamente— certificaron un avance de obra cercano al 71%, cuando distintas pericias técnicas determinaron que el progreso real alcanzaba el 42,21%.

Esas certificaciones permitieron concretar pagos por trabajos que no habían sido ejecutados, generando un perjuicio patrimonial para las arcas municipales estimado en 793.480.666,03 pesos, actualizado a marzo de 2025, y un beneficio económico indebido para la empresa contratista. Durante su alegato de cierre, la Fiscalía explicó que el programa habitacional tuvo origen en un primer convenio suscripto en diciembre de 2014 entre el municipio y Nación para la construcción de 40 viviendas bajo la modalidad llave en mano, acuerdo por el cual se transfirieron 18 millones de pesos.

La Fiscalía sostuvo que la maniobra consistió en la confección y utilización de certificados de avance de obra que no reflejaban el estado real de ejecución del proyecto. "Se falsearon certificados de avance de obra para pagarle a la empresa por trabajos que no se habían realizado", enfatizó describiendo ítems que se certificaron como realizados (cielorrasos, carpetas, pisos y revoques) que "no existieron ni remotamente". Cinco especialistas coincidieron en señalar que las viviendas presentaban un avance inferior al porcentaje consignado en la documentación oficial.

Respecto del segundo hecho investigado, relacionado con un convenio posterior para obras de infraestructura que incluía movimientos de suelo, la Fiscalía explicó que la prueba producida durante el debate permitió concluir que los trabajos certificados efectivamente se encontraban ejecutados. Sostuvo que la gestión de Iribarren detectó inconsistencias, ordenó revisar la documentación administrativa, rescindió el contrato y realizó la denuncia penal, circunstancias que descartaron la existencia de una actuación concertada para perjudicar a la administración pública municipal. En ese marco desestimó la acusación inicial planteada contra Iribarren, Claudia Alvariño (Gobierno) y Miguel Ángel Mesa (Obras).

Durante la defensa, los abogados criticaron la acusación y cuestionaron las plantillas utilizadas por los peritos. El defensor del exsecretario de Gobierno sostuvo que el cambio de emplazamiento del barrio implicó una modificación en la planificación de la empresa y que a su defendido se le atribuyó una función que jamás cumplió. Los abogados de Iribarren indicaron que ordenó la inspección y evaluación de las obras, desplazó al contratista y denunció penalmente los hechos. Los hechos fueron encuadrados como defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de documento público falso.