Fiscalía impugnó la absolución de los ex intendentes Iribarren y Tamburrini por la causa Techo Digno

El Ministerio Público Fiscal apeló ante el Tribunal de Impugnación la sentencia absolutoria dictada a favor de los ex intendentes de Sierra Grande, Nélson Iribarren y Renzo Tamburrini, imputados por irregularidades y sobreprecios en la construcción del plan nacional de viviendas Techo Digno. El tribunal de juicio había considerado que la acusación no logró demostrar, más allá de toda duda razonable, los hechos imputados a ambos dirigentes y parte de sus equipos de gobierno.

Los fiscales Juan Pedro Peralta y Estela Pasarelli cuestionaron la decisión del tribunal, focalizando su argumentación en el proceso de construcción, el avance de obra y las certificaciones. Peralta explicó que se firmaron dos acuerdos: uno en diciembre de 2014 por la construcción total de 40 viviendas, que Nación pagó en su totalidad, y otro en octubre de 2015 por tareas de infraestructura, que no fue completado. El fiscal destacó que cuando Iribarren rescindió el contrato con la empresa, se realizaron tres relevamientos diferentes: uno por profesionales del municipio y del IPPV que coincidieron en un avance real de obra del 34,7%, y otro por la propia empresa que determinó un avance del 46%, cuando la constructora había certificado y cobrado un avance del 71%.

Durante su exposición, el fiscal fue minucioso al señalar las "sobrecertificaciones evidentes y groseras". Denunció que se certificó como realizado trabajos que no estaban hechos, ejemplificando que a los cuatro meses se certificó que estaban revocadas 30 viviendas, pero revisiones posteriores determinaron que sólo 16 estaban revocadas de forma parcial. En cuanto a pisos, se certificó que 33 estaban terminados cuando ninguna vivienda los tenía. Peralta también mencionó el testimonio de un empleado de Ernesto Noel, ex secretario de Obras Públicas, que declaró: "nos hacían dibujar los números para que coincidan el desembolso con los certificados", testimonio que fue desestimado por el tribunal.

El fiscal cuestionó la "desconexión total" entre la sentencia y las pruebas producidas en el debate. Explicó que para achicar la brecha entre lo certificado y lo efectivamente pagado "se incluyó el acopio que no existía", negado por múltiples testigos del municipio y la empresa. Peralta recordó que el tribunal había tratado de explicar las diferencias mencionando trabajos de movimiento de suelo que, aunque pagados en el primer acuerdo, volvieron a pagarse en tres certificados del segundo. El fiscal marcó diferencias entre ambos intendentes: mientras Iribarren "a simple vista, pudo advertir la distancia entre lo pagado y las casas realizadas", cuestionó cómo Tamburrini no pudo darse cuenta, especialmente cuando la Carta Orgánica de Sierra Grande establece que el intendente debe firmar solidariamente los certificados con sus funcionarios.

Peralta enfatizó en la "enorme diferencia" entre lo efectivamente pagado y la redeterminación de precios alegada por la defensa, señalando que incluso tomando como real esa redeterminación, existiría una diferencia no menor al 13%. El contador del Ministerio Público encontró "coincidencia exacta entre desembolsos de Nación con lo que se pagaba, exacta incluso con decimales", lo que confirmaría el "dibujo" declarado por el empleado. Por todo esto, el fiscal Peralta pidió que se revoquen las sentencias de absolución a los tres funcionarios y se los declare responsables como coautores del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y uso de documento falso. Los hechos investigados ocurrieron durante dos gestiones diferentes: la del radical Iribarren y su sucesor peronista Tamburrini.