Especialistas critican reforma a la Ley de Salud Mental que impulsa el gobierno nacional

El gobierno nacional impulsa una modificación de la Ley Nacional de Salud Mental sancionada en 2010, una iniciativa que desató distintas posiciones, muchas de ellas críticas por parte de profesionales del sector. La reforma propuesta busca, entre otras cosas, facilitar las internaciones involuntarias, un aspecto que genera particular debate en el ámbito de la salud mental.

La psicóloga Daniela Gasparini se refirió específicamente a uno de los puntos más polémicos de la reforma, cuestionando que el gobierno apele a las delicadas situaciones que sufren los familiares de los pacientes para impulsar esta modificación. "El gobierno dice que ha consultado la nueva letra del proyecto, no sabemos a quién, si a los profesionales de la salud, hospitales, servicios de asistencia a las víctimas: a nadie ha consultado", cuestionó la especialista.

Gasparini defendió la ley actual calificándola de "muy buena" y aseguró que "no tiene ningún problema". "El único problema que tiene esta ley es que no se aplica", sentenció. En esa línea, la profesional aseguró que la ley no se cumple, particularmente en lo que hace a su presupuesto: la letra establece que el 10% del presupuesto en Salud debe ir al área de Salud Mental. "No solamente no se aplica el 10%, sino que se aplica en promedio el 1,4%", cuestionó, remarcando que no solamente no se aplica el presupuesto sino que el sistema de Salud en general está siendo desfinanciado.

Según el análisis de la especialista, es real que hay familias que viven situaciones delicadas con uno de sus miembros cuando este no se reconoce como padeciente ni quiere ser internado. Sin embargo, alega que la evaluación a partir de la cual se debe internar a alguien debe ser realizada por un equipo interdisciplinario, cosa que figura en la ley vigente. Este equipo debería estar compuesto por un psiquiatra, un psicólogo y trabajadores sociales, que tienen que evaluar la situación del paciente y si está en una situación de riesgo para sí mismo o para terceros para llevar a cabo una internación involuntaria.

"Dicen que la ley trata de evitar la internación, y es así, porque propone que sea el último recurso. Si la persona no tiene riesgo para sí y para terceros, si se puede hacer un servicio ambulatorio para que la persona no tenga que estar encerrada y sobre medicalizada, se procede a eso en vez de a la internación", argumentó Gasparini. La profesional señaló que el problema radica en "la no creación o fortalecimiento de los servicios de salud mental en los hospitales generales" y en "la no creación, como dice la ley, de casas de medio camino que estén bien robustecidas de profesionales".

La psicóloga también indicó que muchas veces no hay internación porque no hay camas en los hospitales, porque no hay profesionales ni insumos o psicofármacos correspondientes para ese paciente. En esa línea, aseguró que desde la sanción de la ley "ningún gobierno" se ha ocupado debidamente de la cuestión de la salud mental. "En vez de pensar la Salud Mental desde el lugar de la Salud la están pensando desde el lugar del estigma, la enfermedad y la etiqueta", sentenció, subrayando que se refiere a los trascendidos sobre la reforma impulsada, ya que aún nadie ha podido acceder al texto de la misma.