El Tribunal Electoral rechazó la demanda contra Domínguez por su pase a La Libertad Avanza

El Tribunal Electoral Provincial de Río Negro rechazó la semana pasada una demanda de revocación de mandato contra el legislador provincial César Domínguez, argumentando que no se acreditó una violación de la plataforma electoral. La demanda había sido presentada tras el cuestionamiento de la asamblea partidaria de Primero Río Negro por su apartamento del bloque y su posterior pase a La Libertad Avanza.

El presidente de Primero Río Negro, Ariel Rivero, había asegurado que la conducta de Domínguez implicaba una ruptura con la representación asumida ante el electorado. Sin embargo, en conversación con Bitácora de Radio Seis, el legislador aseguró que "nunca tuvo dudas de que el fallo iba a ser favorable" y sostuvo que "el artículo 25 en la Constitución provincial pretende ir en contra de la Constitución nacional", aunque "siempre confió en la coherencia del juez y del fiscal".

Domínguez defendió su posición argumentando que "nunca violó la plataforma electoral y tampoco existe ninguna norma que pueda estar por encima de la Constitución Nacional". Citó jurisprudencia nacional y declaraciones de la Corte Suprema de Justicia para sostener que "los partidos son herramientas y no son dueños de la banca". Además, criticó la judicialización del conflicto, asegurando que las diferencias democráticas deben resolverse "a través del debate de ideas, con más política, y no judicializando la voluntad popular".

El legislador reveló que inicialmente fue Primero Río Negro quien quiso acercarse a La Libertad Avanza, pero "no querían abandonar el partido y en ningún momento quisieron adherir al partido del presidente" Javier Milei. Domínguez acusó al presidente de Primero Río Negro de haber dicho "hace dos o tres meses que abandonaba las ideas de la libertad", argumentando que cuando fueron a las urnas llevaron "el león que representaba la idea de la libertad". Pese al conflicto político con Rivero, aclaró que mantiene una relación cordial con él. Calificó todo el proceso como una "persecución política y judicial", aunque remarcó que no sufrió ningún costo político por su decisión y consideró el tema "zanjado", pese a que el fallo puede ser apelado.