El Municipio subió a $41 millones el tope para contratar obra pública sin licitación

El gobierno de Walter Cortés actualizó los montos que determinan qué procedimiento debe utilizar la Municipalidad de Bariloche para contratar obras públicas. Desde ahora, podrá avanzar con contrataciones directas de hasta $40.989.808, casi $4,4 millones más que el límite vigente durante el primer semestre del año.

El cambio fue establecido mediante la Resolución 2534-I-2026, firmada el 28 de julio, y regirá desde su publicación hasta diciembre. La medida también elevó a $199.796.533 el máximo autorizado para los concursos de precios y a $1.014.403.256 el límite de las licitaciones privadas. Por encima de esa última cifra, las obras deberán tramitarse mediante una licitación pública.

La contratación directa es el mecanismo que le permite al Ejecutivo seleccionar a un proveedor sin realizar una competencia abierta entre distintas empresas. El concurso de precios obliga a comparar propuestas, mientras que las licitaciones privadas y públicas incorporan procedimientos progresivamente más amplios. La actualización no significa que todas las obras inferiores a $41 millones deban ser entregadas de forma directa, sino que define el monto máximo dentro del cual el Municipio queda legalmente habilitado para utilizar ese procedimiento.

Hasta ahora, el límite de la contratación directa era de $36.598.043. El concurso de precios llegaba a $178.389.762 y las licitaciones privadas podían utilizarse hasta los $905.717.193. La resolución aplicó un coeficiente de actualización de 1,120, equivalente a un aumento cercano al 12%. Para calcularlo, el Municipio tomó la variación del Índice de Precios al Consumidor de la región patagónica entre enero y junio de 2026.

El régimen municipal prevé una revisión semestral de estos valores para evitar que la inflación obligue a utilizar procedimientos más complejos en contrataciones que, en términos reales, mantienen una escala similar. La norma original establece como referencia el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, pero cuando esa información oficial no está disponible, permite utilizar de manera alternativa el IPC elaborado por el Indec, como ocurrió en esta actualización.

El cambio de mayor magnitud aparece en el límite de las licitaciones privadas, que superó por primera vez los $1.000 millones. Con el nuevo esquema, una obra de hasta $1.014 millones podrá tramitarse mediante una convocatoria limitada, sin necesidad de abrir un proceso público general. Recién cuando el presupuesto supere esa cifra será obligatorio utilizar una licitación pública.