El Municipio avanza con un esquema propio para el alumbrado público tras el fracaso de las negociaciones con la CEB

El gobierno de Walter Cortés profundizó su posición en la disputa con la Cooperativa de Electricidad Bariloche por el alumbrado público y comenzó a delinear el esquema con el que pretende hacerse cargo del servicio desde el 1 de septiembre. La decisión de finalizar el convenio surgió después de que fracasaran las conversaciones para modificarlo y la CEB llevara la discusión al terreno judicial.

Agustín Domingo, asesor del intendente, afirmó en Voz Radio que el Municipio había formulado una propuesta concreta para cambiar las condiciones económicas y los mecanismos de control, pero no encontró una respuesta favorable. "Veníamos teniendo conversaciones y negociaciones porque había cuestiones que al Municipio no le cerraban. Hicimos una propuesta formal de cambios y nos encontramos con que la cooperativa decidió judicializarlo", señaló. Para Domingo, ese paso modificó el escenario y llevó a Cortés a resolver la finalización del contrato. "No deja de sorprendernos que la cooperativa haya decidido judicializarlo", insistió.

La definición más concreta es que el Ejecutivo trabaja para asumir el mantenimiento del alumbrado cuando termine el convenio vigente. Domingo aseguró que Servicios Públicos comenzó a preparar un equipo y que todavía no está cerrado el modelo final. La prestación podría quedar enteramente en manos municipales, tercerizarse parcialmente o funcionar mediante una combinación de ambas alternativas. El asesor buscó despejar las dudas sobre la capacidad técnica de la Municipalidad y sostuvo que la mayoría de las ciudades rionegrinas mantienen su alumbrado con recursos propios. "El Municipio tiene electricistas matriculados, técnicos y personal capacitado para tareas de mantenimiento. La gran mayoría de los municipios de la provincia lo hace con personal municipal", afirmó.

También relativizó las diferencias técnicas entre Bariloche y otras localidades. Reconoció que la ciudad tiene una red más extensa y una mayor cantidad de luminarias, pero consideró que las tareas básicas son similares: reparación, recambio, encendido y apagado. "No le vemos un inconveniente mayor. Y si hace falta contratar algún recurso adicional, se hará", sostuvo. La nueva plataforma municipal para denunciar luminarias apagadas, postes dañados y zonas oscuras comenzó a funcionar antes de que el servicio pase a manos del Ejecutivo. Domingo aclaró que la herramienta no implica que el Municipio ya haya asumido las reparaciones. Hasta el 1 de septiembre, los reclamos recibidos son derivados a la CEB, que continúa siendo la prestadora contratada.

"El alumbrado público es un servicio municipal y recibimos muchas quejas de los vecinos por reparaciones que no son atendidas en tiempo y forma", explicó. La plataforma, sostuvo, fue diseñada como un canal adicional para registrar los problemas y transmitirlos a la cooperativa durante la etapa de transición. El punto más conflictivo continúa siendo el costo del servicio. La CEB sostiene que el alumbrado genera un déficit mensual y reclama una deuda acumulada cercana a los $1.000 millones. El Municipio rechaza esa interpretación y asegura que no recibió información con el nivel de detalle necesario para comprobarla.

Domingo explicó que Hacienda pidió a la cooperativa que informara mensualmente cuánto recauda y que sometiera los gastos a una instancia previa de control municipal. "Hoy no tenemos ningún control", afirmó. El asesor dijo que, a partir de los datos generales disponibles y de la comparación con otras ciudades, el Ejecutivo considera que los ingresos deberían alcanzar para cubrir el consumo eléctrico y el mantenimiento. "Entendemos que con lo que la cooperativa cobra a los usuarios, más el aporte municipal por los terrenos baldíos, no debería dar pérdida", sostuvo. Sin embargo, reconoció que el Municipio tampoco cuenta con la información desagregada necesaria para establecer con precisión cuánto se recauda y cuánto se gasta cada mes. "La rendición que nos acercaron no muestra el nivel de detalle que pedimos", señaló.

Pese al tono de la disputa, Domingo dejó abierta una puerta para que la cooperativa continúe participando. Recordó que Cortés ya había dicho que el convenio podría mantenerse si la CEB acepta los cambios planteados por la Municipalidad, especialmente en materia de información y rendición de cuentas. "Si la cooperativa viene a hacer los cambios que planteamos, no hay ningún problema en continuar con ellos como proveedor. Pero no en estas condiciones, a ciegas", afirmó. Según su interpretación, el Ejecutivo no adoptó una posición cerrada ni ideológica contra la cooperativa. Aseguró que la ruptura se produjo porque del otro lado encontraron "una negativa, una pared y una judicialización". "Son ellos los que están cerrando los caminos, no nosotros", lanzó.

Domingo también respondió a los cuestionamientos de dirigentes opositores que pusieron en duda la capacidad municipal para asumir el servicio y advirtieron sobre posibles contrataciones privadas. El asesor evitó anticipar qué empresas podrían intervenir porque, según afirmó, todavía no existe una decisión sobre una licitación o una tercerización. "La oposición está desesperada por encontrarle el pelo al huevo a esta gestión", afirmó. Domingo sostuvo que el único objetivo es garantizar que el dinero aportado por los vecinos sea utilizado con eficiencia y pueda ser controlado. "Esta gestión se ocupa de darle respuestas a la gente y de que cada peso se invierta de la mejor manera, con transparencia y rendición de cuentas", aseguró.

El conflicto comenzó por el mantenimiento de luminarias, pero fue adquiriendo un contenido político más amplio. Cortés cuestionó públicamente la administración de la CEB, reclamó conocer sus costos y llegó a plantear la posibilidad de que Bariloche recupere el poder concedente de la distribución eléctrica. Esa última pretensión fue descartada por el gobernador Alberto Weretilneck, quien recordó que la Constitución provincial reserva esa facultad a Río Negro. La discusión inmediata, sin embargo, continúa concentrada en el alumbrado público. El Ejecutivo tiene poco más de un mes para definir cuadrillas, equipamiento, repuestos, mecanismos de contratación y protocolos de atención. También deberá resolver cómo se financiará el sistema y qué relación mantendrá con la CEB, propietaria de buena parte de los postes y la infraestructura eléctrica utilizada. La resolución política ya fue tomada: Cortés pretende terminar con el convenio actual. Lo que todavía está en construcción es el modelo que lo reemplazará y si la cooperativa conservará algún lugar dentro de él.