El Gobierno provincial denunció una filtración de datos reservados y la Justicia secuestró un equipo informático

El Gobierno de Río Negro denunció ante la Justicia una posible filtración de información reservada de sus sistemas informáticos, luego de detectar un presunto acceso indebido a documentación de la administración pública. Entre los datos comprometidos habría información vinculada a recibos de sueldo de integrantes del Poder Ejecutivo, incluido el gobernador Alberto Weretilneck.

La presentación fue impulsada por el Poder Ejecutivo a través de la Fiscalía de Estado. A partir de esa denuncia, la Justicia avanzó con medidas para determinar cómo se produjo el acceso, desde qué equipo informático y quién pudo haber intervenido. En ese marco se realizó un procedimiento en instalaciones de ALTEC, la empresa estatal tecnológica de Río Negro.

Desde el Gobierno aclararon que la medida no estuvo dirigida contra la firma, sino que formó parte de la investigación iniciada por la propia Provincia. La explicación oficial busca despejar versiones que circularon en las últimas horas sobre el alcance del operativo. Según la información difundida, ALTEC intervino a pedido del Gobierno para aportar asistencia técnica y colaborar en la identificación del origen de la filtración.

Durante esa tarea se habría logrado establecer cuál fue el equipo desde el que se produjo el acceso indebido a la documentación. Ese dispositivo fue resguardado por ALTEC y luego entregado a la Justicia para ser peritado. El caso abre una investigación sensible dentro del Estado provincial, no solo por el tipo de información involucrada, sino también porque la sospecha apunta al posible accionar de al menos un empleado estatal.

La pesquisa deberá determinar si hubo una maniobra individual, si existieron más personas involucradas y qué uso se hizo de los datos extraídos. La información bajo análisis incluye documentación interna y datos salariales de funcionarios del Ejecutivo. El Gobierno remarcó que acudió a la Justicia para proteger los sistemas públicos y preservar la información administrativa.

La causa queda ahora en manos de los investigadores judiciales, que deberán analizar el equipo secuestrado y reconstruir la trazabilidad del acceso a los archivos. Ese peritaje será clave para confirmar si efectivamente hubo ingreso indebido, qué documentos fueron consultados o descargados y si existió posterior difusión de esa información. Desde el Ejecutivo provincial insistieron en que ALTEC colaboró con la investigación y que la actuación se desarrolló dentro del marco legal, a partir de una denuncia realizada por el propio Gobierno.