El contrato de Mi Bus vence en seis meses y el municipio aún no presentó pliegos de licitación
El contrato con Amancay vence en enero y el municipio no presentó pliegos. Ferreyra advierte riesgo de prórroga apresurada sin debate.

Bariloche enfrenta una cuenta regresiva crítica: quedan apenas seis meses para que venza el contrato con la empresa Amancay, operadora del sistema Mi Bus, y el municipio todavía no ha presentado los pliegos de licitación en el Concejo Deliberante. La advertencia llegó desde la concejal Roxana Ferreyra (Nos Une), quien en diálogo con Voz Radio expresó su preocupación por el escaso tiempo disponible para discutir alternativas y evitar que la ciudad llegue al vencimiento sin otra salida que una prórroga apresurada.
"Ya tendrían que estar los pliegos de licitación en el Concejo, pero hasta ahora eso no pasó", sostuvo Ferreyra. La edil planteó que la discusión no puede limitarse al funcionamiento de los colectivos, sino que debe abarcar un replanteo integral del sistema de movilidad de una ciudad que se acerca a los 150.000 habitantes y recibe miles de visitantes durante gran parte del año. "Hay que replantearse qué sistema de transporte queremos y qué sistema de transporte urbano merecemos. Creo que nadie se merece lo que hoy tenemos y al precio que hoy tenemos", afirmó.
Para Ferreyra, Bariloche atraviesa una emergencia en materia de tránsito y transporte. Las principales avenidas deben absorber diariamente vehículos particulares, taxis, Uber, transporte turístico y unidades del servicio urbano, todo sobre una infraestructura vial que no creció al mismo ritmo que la población y la actividad económica. "Tenemos una emergencia en materia de tránsito y transporte. Las principales arterias están colapsadas", planteó. Según su visión, la ciudad debe dejar de pensar el transporte urbano como un servicio aislado y empezar a discutir un sistema general de movilidad, con recorridos, frecuencias e infraestructura acordes con la escala actual. "Somos muchísimos los que nos trasladamos de un lado al otro para llevar adelante nuestras tareas y, además, tenemos ciudadanos de otras ciudades que vienen a visitarnos", explicó.
Uno de los cuestionamientos más duros de la concejal apunta al valor del pasaje y la relación entre tarifa y calidad del servicio. Según señaló, el Ejecutivo aceptó la propuesta empresaria para llevar el boleto de las primeras cuatro secciones a $2333, una cifra que aumenta en los recorridos más extensos y para quienes no acceden a los beneficios aplicados a los residentes. Como ejemplo, mencionó que un visitante puede pagar alrededor de $5230 para viajar desde el centro hasta Llao Llao. "Hoy pagamos mucho y la empresa da muy poquito. Las quejas son constantes y esto viene desde que llegó la empresa", expresó. Ferreyra aclaró que no rechaza por principio la existencia de una tarifa diferencial para turistas, pero sí cuestiona el monto y las condiciones en las que se presta el servicio.
Otro problema es la cantidad de unidades disponibles. El contrato original contemplaba una flota de 100 colectivos, pero Ferreyra aseguró que actualmente no habría más de 70 en funcionamiento. La reducción de la flota impacta en las frecuencias, los tiempos de espera y la capacidad para atender recorridos extensos en una ciudad con barrios cada vez más alejados del centro. La concejal recordó que la relación entre la empresa y el municipio atravesó distintos conflictos. Durante la gestión anterior, Amancay llegó a enviar una carta documento en la que planteaba la posibilidad de terminar anticipadamente el contrato por deudas y supuestos incumplimientos municipales. "Hay toda una historia de deudas, cambios de unidades y muchos disgustos", resumió.
El vencimiento del contrato también genera incertidumbre entre los empleados de la empresa. En la última reunión de la comisión de seguimiento, representantes de la Unión Tranviarios Automotor preguntaron qué ocurrirá con la continuidad del servicio y con los puestos laborales. "El Ejecutivo quedó en revisarlo, pero hasta donde sé todavía no hubo ninguna respuesta", indicó Ferreyra. La concejal remarcó que seis meses pueden parecer suficientes, pero no lo son cuando se trata de redactar pliegos, debatirlos, aprobarlos, convocar a las empresas, evaluar ofertas y garantizar una transición ordenada.
Cualquier nueva licitación deberá ser analizada por el Concejo Municipal. Lo mismo ocurriría con una extensión relevante del actual contrato. "El contrato que firmó el intendente Gustavo Gennuso con esta empresa fue aprobado por ordenanza. Por lo tanto, tiene que volver al Concejo", explicó. El principal temor de Ferreyra es que la demora deje a la ciudad sin margen para comparar alternativas y termine forzando una continuidad de Amancay. "Una prórroga va a ser mucho más picante de discutir por las condiciones en las que piensan renovar a una empresa que nos trajo muchos disgustos", adelantó.
Para la concejal, una decisión de esa magnitud no puede aprobarse con rapidez ni limitarse a confirmar por varios años el esquema actual. "No podemos levantar la mano y condenarnos a diez años de una empresa que les cobra a nuestros vecinos un boleto carísimo y a nuestros visitantes mucho más caro", afirmó. Además del valor de la tarifa, pidió que el debate determine con claridad qué aportes públicos recibirá el futuro operador. "Esto no se puede aprobar en dos días sin saber cuánto subsidio se le va a entregar", señaló. Ferreyra recordó que el contrato original no contemplaba expresamente subsidios nacionales, provinciales o municipales, pero con el paso del tiempo el Estado terminó destinando recursos para sostener el servicio. "Terminamos sosteniendo la empresa nosotros", cuestionó.
La concejal propuso que el debate sobre transporte se incorpore también a la reforma de la Carta Orgánica, prevista para 2027. Su planteo es que Bariloche defina lineamientos generales sobre movilidad urbana, prioridades de circulación y calidad de los servicios públicos, más allá de qué compañía gane la próxima licitación. Sin embargo, advirtió que esa discusión de largo plazo no puede convertirse en una excusa para postergar la decisión inmediata. El contrato vence en seis meses y la ciudad todavía no conoce si el Ejecutivo impulsará una licitación, una renovación o algún modelo diferente.
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