El Concejo rechazó el proyecto para exigir certificado psicofísico a funcionarios políticos

El Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche rechazó el Proyecto de Ordenanza 165/24, que proponía establecer como obligatorio un certificado psicofísico para integrantes de la planta política, incluyendo el test sobre sustancias ilegales. La iniciativa solo contó con el acompañamiento de los concejales Costa Brutten y Villalba, mientras que el resto del cuerpo votó en contra tras exponer diversas objeciones durante el debate.

Entre los principales argumentos en contra, se señaló que los controles de antecedentes penales ya se exigen antes de asumir un cargo público, por lo que consideraron redundante parte de la propuesta. Además, los concejales también rechazaron la posibilidad de implementar "test sorpresa", al considerar que no resulta un mecanismo adecuado dentro del ámbito institucional. Algunos ediles plantearon que estos controles no son equivalentes a la presentación de certificados médicos semestrales, lo que generó dudas sobre la implementación concreta del proyecto.

Otro de los puntos cuestionados fue el enfoque del proyecto en el consumo de psicotrópicos ilegales, sin contemplar el consumo de alcohol, una sustancia legal que también puede generar problemáticas. En ese sentido, el propio Villalba —autor de la iniciativa— había realizado una distinción entre la legalidad del alcohol y el consumo de sustancias ilícitas. El proyecto también incluía una cláusula que establecía que, en caso de que un funcionario se negara a realizarse los controles, el resultado sería considerado como positivo, lo que generó reparos en cuanto a su encuadre legal.

Durante el tratamiento, varios concejales coincidieron en que se trata de una temática que requiere un abordaje más específico, ya que en determinados casos el consumo problemático puede estar vinculado a una enfermedad, como las adicciones, lo que demanda un enfoque integral y no meramente punitivo. La iniciativa proponía controles obligatorios y periódicos, pero fue cuestionada por distintos aspectos legales y de enfoque por la mayoría del cuerpo legislativo municipal.