El 72% de los niños institucionalizados en Río Negro está en proceso de adopción

De los 109 niños, niñas y adolescentes que actualmente viven en dispositivos institucionales de la SENAF en Río Negro, 78 ya se encuentran en proceso de adopción. La cifra representa aproximadamente el 72% del total y muestra que una parte importante de quienes permanecen bajo protección estatal tiene actualmente encaminada una alternativa familiar.

El dato fue destacado por Sebastián Sánchez, subsecretario de Medidas de Protección Integral de Río Negro, durante una entrevista en Va por Vos, por Voz Radio 103.7, en la que explicó cómo interviene el Estado cuando se detecta una vulneración de derechos y qué pasos deben agotarse antes de llegar a una declaración de adoptabilidad. "Cuando hablamos de números, hablamos de vidas", remarcó Sánchez, antes de definir la importancia de cada caso: "por ahí uno lee la letra, pero son vidas de niños, niñas y adolescentes que están buscando una nueva oportunidad".

Sánchez buscó despejar una idea que, según señaló, suele aparecer alrededor de la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). "La SENAF no anda por la comunidad buscando un niño, niña o adolescente para institucionalizarlo", afirmó. El organismo interviene cuando existe una denuncia o se detecta un derecho vulnerado. Esa situación puede ser informada por familiares, vecinos, escuelas, establecimientos de salud, fiscalías o comisarías especializadas. La SENAF cuenta con 13 sedes distribuidas en Río Negro y equipos integrados por trabajadores sociales, psicólogos, abogados y operadores sociocomunitarios.

La primera estrategia, explicó el funcionario, es intentar sostener al niño dentro de su entorno familiar. "La última instancia, habiendo agotado todos los procesos de intervención, es la institucionalización", sostuvo. Antes de llegar a ese punto se analiza la posibilidad de trabajar con la familia de origen, familiares cercanos como abuelos, tíos o hermanos, e incluso referentes comunitarios. "No titubeamos y ponemos por delante el interés superior del niño y los derechos del niño, niña y adolescente", afirmó.

Cuando los equipos determinan que existe una situación de riesgo que exige separar temporalmente al niño de su entorno, se adopta una medida excepcional de protección. Ese procedimiento administrativo no queda exclusivamente en manos de la SENAF. "Todo ese proceso está sujeto a un control de legalidad por parte de un Juzgado de Familia y de una Defensoría de Familia", explicó Sánchez. De acuerdo con lo señalado durante la entrevista, las medidas pueden extenderse inicialmente por 90 días y contemplar una prórroga dentro de un período de hasta 180 días.

Durante ese tiempo, el Estado debe garantizar la continuidad escolar, atención sanitaria, alimentación, recreación y demás derechos básicos. En paralelo, los equipos técnicos trabajan sobre las causas que motivaron la separación. La adopción no es la primera alternativa. A través del programa de Fortalecimiento Familiar, la SENAF intenta modificar las condiciones que originaron la intervención. Si los especialistas determinan que la situación de riesgo fue superada, comienza una revinculación progresiva. "Comienza un proceso paulatino de revinculación con visitas acompañadas y supervisadas", explicó Sánchez.

La medida excepcional puede cesar si existen condiciones para que el niño vuelva a vivir con su familia de origen. El funcionario admitió que esos procesos suelen generar tensiones. "¿Qué familia va a aceptar que está vulnerando un derecho? Quizás lo hace inconscientemente o por otros factores", planteó. Y reconoció que lograr que los adultos identifiquen las situaciones problemáticas puede demandar tiempo y un trabajo sostenido de los equipos profesionales.

Cuando transcurren los plazos de intervención y no es posible revertir las condiciones que provocaron la separación, comienza una nueva etapa. "Cuando esta situación no se revierte, empezamos a buscar familias solidarias o extensas y comienza el trabajo con el Juzgado de Familia para iniciar todo el proceso de adoptabilidad", explicó. Actualmente, 78 de los 109 chicos alojados en dispositivos institucionales están atravesando ese proceso. La adopción es judicial y requiere la intervención del Juzgado de Familia. Los aspirantes deben encontrarse inscriptos en el registro correspondiente y luego comienza la búsqueda de compatibilidad entre las necesidades de cada niño y los perfiles disponibles. Sánchez remarcó que no solamente pueden postularse parejas: también pueden hacerlo personas individuales, siempre sujetas al procedimiento de evaluación correspondiente.

Uno de los puntos que Sánchez diferenció especialmente fue el programa Familias Solidarias. Se trata de una herramienta de acogimiento temporal, no de una vía de adopción. Su finalidad es evitar que un niño deba permanecer institucionalizado mientras se trabaja sobre su situación familiar o judicial. Las personas o familias que se inscriben atraviesan una evaluación de sus condiciones para recibir, acompañar y cuidar temporalmente a un chico. "Hay niños, niñas y adolescentes que están en espera de una familia que los pueda cobijar, dar amor y garantizar todos los cuidados pertinentes", señaló Sánchez.

El funcionario hizo un llamado a quienes tengan interés en participar de los dispositivos de acogimiento o conocer el proceso de adopción. "Queremos motivar a los ciudadanos a que se sigan inscribiendo e interiorizando en cómo funciona Familias Solidarias, o a que se acerquen a los juzgados para informarse sobre los procesos de inscripción para ser familia adoptante", sostuvo. El dato de los 78 procesos de adopción marca una diferencia importante dentro de la población institucionalizada, pero detrás de la estadística, insistió Sánchez, existen situaciones individuales que requieren tiempos, evaluaciones y decisiones específicas.