Duro enfrentamiento institucional: el Tribunal de Contralor rechazó con términos inusuales la auditoría externa que impulsa la oposición

La discusión por las cuentas del Municipio de Bariloche escaló varios niveles este 29 de septiembre. Lo que había comenzado como una ofensiva de cinco concejales para someter la administración de Walter Cortés a una auditoría externa integral recibió ahora una respuesta inusualmente dura del Tribunal de Contralor, que no se limitó a formular observaciones técnicas: cuestionó la constitucionalidad del proyecto, acusó a sus autores de invadir competencias y sostuvo que la iniciativa revela "falta de entendimiento, ignorancia y desconocimiento".

La nota, fechada este 29 de septiembre y dirigida al presidente del Concejo Municipal, Gerardo del Río, lleva las firmas del presidente del Tribunal, Estanislao Cazaux, y del vocal Esteban Romero. El escrito anticipa una confrontación política e institucional antes de que el proyecto siquiera sea discutido por el cuerpo deliberativo en pleno. En el centro de la disputa está el proyecto 759/26, presentado por Leandro Costa Brutten y Julieta Wallace, de Incluyendo Bariloche; Roxana Ferreyra, de Nos Une; Laura Totonelli, de Juntos Somos Río Negro; y Facundo Villalba, de Primero Río Negro. La propuesta encomienda al Ejecutivo contratar, mediante licitación pública, una auditoría externa para revisar el estado económico, financiero, patrimonial y contractual de la Municipalidad.

La respuesta del Contralor es frontal: considera que buena parte de aquello que los concejales pretenden entregar a una consultora externa ya forma parte de las atribuciones constitucionales del propio Tribunal. Y va más lejos. Según el organismo, contratar un tercero para hacerlo implicaría "tercerizar o privatizar" funciones públicas y generar una segunda erogación para una tarea que ya financian los contribuyentes a través del presupuesto del Tribunal. El proyecto opositor parte de una premisa política clara: antes de discutir mayores recursos para el Municipio, hay que conocer con precisión cómo están sus cuentas. La iniciativa propone revisar el pasivo consolidado, la deuda flotante, las disponibilidades financieras, las obligaciones exigibles, los recursos pendientes de cobro, el estado de las contrataciones, la obra pública, las multas condonadas o reducidas, la contratación de funcionarios y asesores y la posible existencia de perjuicios patrimoniales. El informe final debería estar listo dentro de los 90 días posteriores a la adjudicación.

El proyecto también obliga al Ejecutivo a presentar en quince días un informe económico-financiero integral y reclama un capítulo específico sobre obra pública, con montos originales y actualizados, anticipos, certificados, redeterminaciones, adicionales, avance físico y financiero, multas, garantías e incumplimientos contractuales. Los concejales agregaron además un plan para recuperar créditos municipales, un relevamiento de multas y condonaciones y otro sobre contrataciones de personal político, asesores, consultores y personal de confianza. La ofensiva nació en el contexto de la pelea por el módulo fiscal y la situación financiera del Municipio. En los fundamentos, los autores sostienen que la recuperación de créditos vencidos, la disminución de la morosidad y una mayor eficiencia recaudatoria deben ser prioritarias antes de impulsar aumentos de la presión fiscal.

El Tribunal comienza su respuesta recordando que la Carta Orgánica divide el gobierno municipal entre el Concejo, el Ejecutivo y el propio Tribunal, y que a este último le corresponde controlar la ejecución presupuestaria, la legalidad del gasto y la gestión financiera y patrimonial. "Con este tipo de proyecto, lo que se quiere lograr es invadir las competencias, deberes y atribuciones propias que la Carta Orgánica estableció para uno de los órganos de gobierno, en este caso el Tribunal de Contralor", sostiene la nota. Para Cazaux y Romero, la cuestión no es meramente administrativa, sino que la califican como un problema de "gravedad institucional y constitucional".

La crítica más fuerte aparece cuando el Tribunal afirma que "lo más grave aún es que con este proyecto se están tercerizando o privatizando las funciones propias e indelegables de un Órgano de Gobierno". El Contralor suma entonces un argumento económico: si esa tarea ya es ejercida por un organismo municipal con presupuesto propio, contratar a una firma externa provocaría, según su interpretación, una doble erogación. Es decir, el Municipio seguiría financiando al Tribunal y al mismo tiempo debería pagar una auditoría para realizar tareas que éste entiende que ya son de su incumbencia.

El Tribunal recordó además un conflicto judicial anterior, el de la convocatoria a referéndum popular, en el que concejales cuestionaron al Ejecutivo por arrogarse facultades que correspondían al Concejo. Cita concretamente la causa "Wallace, Julieta y otros c/ Municipalidad de San Carlos de Bariloche s/ conflicto de poderes" y señala que quienes hoy impulsan la auditoría externa defendieron entonces justamente el respeto por la división de competencias. "De la misma forma, siendo que la función de auditoría corresponde al Tribunal de Contralor, no puede el Concejo mediante ordenanza delegarla ni a otro poder, ni mucho menos a un privado", afirma.

La tercera página de la nota abandona definitivamente cualquier diplomacia institucional. El Tribunal sostiene que muchos de los datos cuya producción exige el proyecto ya son públicos y están disponibles en la página web municipal. Menciona ejecuciones presupuestarias de ingresos y egresos, deuda exigible, deuda total, compromisos, residuos pasivos, crédito disponible, recaudación mensual, compras de bienes de uso, reestructuraciones presupuestarias, nómina de contratos e información sobre recursos humanos, entre otros. Después llega la frase que probablemente concentre buena parte de la discusión política de los próximos días: "A criterio de este Cuerpo, se observa una falta de entendimiento, ignorancia y desconocimiento por parte de los ediles que han elaborado dicho proyecto", expresa el documento.