Dos proyectos de ley buscan restringir el uso de celulares e internet en cárceles rionegrinas

La discusión sobre el uso de celulares e internet dentro de las cárceles volvió a instalarse en la agenda legislativa de Río Negro. En los últimos días ingresaron dos proyectos de ley que, con enfoques similares, apuntan a restringir el acceso de personas privadas de la libertad a dispositivos tecnológicos y comunicaciones digitales, bajo el argumento de que desde las unidades penitenciarias se siguen organizando estafas, extorsiones, amenazas y otras maniobras delictivas.

Una de las iniciativas fue presentada por el bloque Pro Unión Republicana y propone incorporar al sistema penal provincial el concepto de "privación de libertad digital". El planteo busca modificar el Código Procesal Penal para que la privación de libertad no sea entendida únicamente como encierro físico, sino también como una limitación concreta al uso de teléfonos celulares, internet y redes sociales cuando esas herramientas puedan ser utilizadas para cometer delitos. En sus fundamentos, la propuesta sostiene que muchas organizaciones criminales continúan operando desde establecimientos penitenciarios mediante celulares e internet, refiriendo antecedentes registrados en Río Negro, entre ellos casos de internos acusados de liderar estafas desde prisión y secuestros recientes de celulares y chips dentro de unidades penitenciarias.

La segunda iniciativa fue presentada por el legislador César Domínguez, de Primero Río Negro, quien plantea prohibir expresamente el ingreso, tenencia y utilización de teléfonos móviles, tablets y acceso a internet por parte de personas privadas de la libertad en todos los establecimientos penitenciarios provinciales. Ese proyecto propone reemplazar el uso de dispositivos personales por un esquema de comunicaciones institucionales controladas exclusivamente a través de telefonía fija. Domínguez fue más directo en el diagnóstico al sostener que la restricción de estos dispositivos "no es un derecho vulnerado, constituye un arma que se usa para extorsionar, para estafar, para amenazar y hasta organizar secuestros".

Para garantizar el cumplimiento, el proyecto de Domínguez establece que el Ministerio de Seguridad y Justicia deberá encargarse del bloqueo e inhibición de toda señal de telefonía móvil dentro de los perímetros carcelarios. Las llamadas de los internos quedarían limitadas a horarios específicos, con una duración máxima de cinco minutos y mediadas por una operadora. Además, se deberá informar obligatoriamente que la llamada proviene de una institución carcelaria, identificar al interno y brindar un número gratuito para realizar denuncias ante posibles delitos. Ambos proyectos reconocen que las comunicaciones con familiares, defensores y autoridades judiciales deberán seguir garantizadas, aunque mediante sistemas supervisados por el Servicio Penitenciario.