Denuncian que el Municipio no ejecuta millones destinados a barrios populares

La Mesa de Barrios Populares de Bariloche volvió a cuestionar el funcionamiento del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social y denunció que partidas presupuestarias destinadas a regularización e infraestructura no se estarían ejecutando según lo previsto. El reclamo apunta tanto al Instituto como al Ejecutivo municipal y sostiene que los compromisos asumidos con distintos barrios vienen acumulando demoras desde 2024.

"Tanto en presupuesto 2024 como el 2025 no se cumplieron y en 2026 se repite el mismo incumplimiento", expresó la organización. La Mesa habló además de "vaciamiento" y "desvío de fondos", aunque no aportó en el comunicado documentación que permita acreditar esas afirmaciones como hechos comprobados. Sí detalló partidas presupuestarias específicas y reclamó que el Municipio informe públicamente cuál fue su grado de ejecución y el destino efectivo de esos recursos.

Según la Mesa de Barrios Populares, el Plan de Acción 2025 del Instituto contemplaba un presupuesto total de $3.572 millones. Dentro de ese esquema, se habían asignado $1.120 millones para el barrio 29 de Septiembre, $120 millones para Alun Ruca, $60 millones para Vivero II, III y IV, $30 millones para 2 de Abril y $16,5 millones para San Francisco IV. Además, la planificación incluía $1.500 millones para obras de infraestructura en distintos barrios de la ciudad.

Para este año, el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas tiene aprobado un presupuesto superior a $4.763 millones, siempre de acuerdo con la información difundida por la Mesa. El anexo presupuestario contempla, entre otros ítems, $1.902 millones para urbanización, $54 millones para la regularización del barrio 2 de Abril, $60 millones para Alun Ruca y $28 millones para Vivero II, III y IV.

La preocupación central de la organización es que, pese a la existencia de esas partidas, no observan avances equivalentes en el territorio. "No se llevan adelante las acciones previstas ni se ejecuta el presupuesto destinado a responder a las necesidades de los barrios y se desconoce el destino real de los fondos asignados", señalaron.

El reclamo no se limita a pedir información sobre los recursos. La Mesa de Barrios Populares exige que el Ejecutivo y el Instituto acuerden una agenda de trabajo barrio por barrio, con prioridades, responsables y fechas de cumplimiento. También reclama fortalecer las políticas de regularización dominial e integración sociourbana, con personal y presupuesto suficientes para sostenerlas. "El presupuesto y los compromisos deben cumplirse y deben llegar a los barrios", resumieron.